La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, y el concejal del distrito de Sants, Marc Serra, han declarado este viernes como imputados por las presuntas coacciones al fondo de inversión Vauras Investment, propietario del Bloc Llavors del barrio del Poble-Sec. Ambos han negado ningún tipo de presión, y han defendido que las sanciones impuestas a la propiedad del edificio por no ofrecer vivienda social fueron legales. La alcaldesa Ada Colau, también encausada, declarará el próximo lunes.
Según ha avanzado El Periódico, Serra y Martín han detallado el contenido de las dos reuniones que mantuvieron con representantes del fondo de inversión, en las cuales se puso sobre la mesa la posibilidad de destinar algunos pisos a vivienda social, y han insistido en que en ninguno de los encuentros se presionó o coaccionó a Vauras, ni tampoco se le chantajeó amenazándole con no concederle otras licencias o con sancionarlo. Según han declarado los concejales, la primera reunión -en octubre del 2019- se planteó la posibilidad, pero no se les forzó a nada porque la ley que actualmente lo hace obligatorio todavía no estaba aprobada.
En la segunda reunión, celebrada después de la aprobación de la ley de vivienda -en febrero del 2020-, el equipo del gobierno municipal avisó a Vauras del cambio en la situación legal y que, por ley, tenían que destinar pisos a viviendas sociales para personas vulnerables. Ante la negativa de la propiedad del Bloc Llavors, el consistorio sancionó Vauras con más de 417.000 euros, una maniobra que el fondo de inversión mantiene que fue para coaccionarlo. Los concejales, sin embargo, han asegurado este viernes que actuaron con legitimidad y legalidad, y que cumplieron la ley de vivienda que obliga a los grandes propietarios a ofrecer vivienda social a las familias que no pueden pagar el alquiler.
Cómo recoge la ACN, al salir de la declaración en la Ciudad de la Justicia, donde les esperaban unos treinta vecinos y simpatizantes, Serra y Martín han dicho que estaban tranquilos porque se habían podido explicar y «desmontar las acusaciones infundadas, con errores y mentiras». De hecho, han calificado la querella de Vauras de no tener «ningún rigor y sí mucha literatura». Además, han asegurado que fue Vauras quién pidió al Ayuntamiento que a cambio de ofrecer alquiler social a familias vulnerables agilizara licencias de obras que el fondo inversor había pedido en otros puntos de la ciudad. «Nosotros no intervenimos en las licencias de obras, y ellos querían un trato de favor», ha dicho Serra.
Serra también ha dicho que la decena de querellas que ha recibido el equipo de gobierno por parte de multinacionales y fondos inversores se debe a los generosos beneficios que obtienen de algunas operaciones. Además, considera que Vauras «no busca una sentencia condenatoria, sino mantener la sospecha en plena campaña electoral, especialmente contra la alcaldesa Colau», que declarará en el juzgado el próximo lunes.
