La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa contra la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, al aceptar una querella del fondo buitre Vauras Investment en relación con el conocido como Bloque Llavors, ubicado en la calle Lleida de la capital catalana. El fondo acusa a Colau, a la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y al concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, de connivencia con las personas que ocupaban el bloque, por lo que la alcaldesa de Barcelona tendrá que declarar como investigada por los presuntos delitos de coacciones y de prevaricación administrativa.
Los ocupantes del Bloque Llavors fueron desahuciados en mayo del 2021 por los Mossos d’Esquadra, en el sexto lanzamiento, después de que en marzo de 2020 se llevaran a cabo la mayor parte de los desalojos, y como el fondo buitre se negó a ofrecerles un alquiler social -tal y como dicta la ley catalana de vivienda cuando se trata de familias vulnerables- el Ayuntamiento de Barcelona sancionó a Vauras Investment con una multa de 417.000 euros. El fondo, entonces, se querelló contra Colau, pero la causa fue archivada porque ni el fiscal ni la juez instructora apreciaron delito alguno en la actuación municipal.
Sin embargo, la Audiencia de Barcelona considera que «en caso de ser ciertos» los hechos denunciados sí que podrían constituir los delitos de coacciones y prevaricación y, a diferencia del Juzgado de Instrucción y de la Fiscalía, mantiene que hay que investigarlo por la vía penal. Además de Colau y de los concejales Lucía Martín y Marc Serra, la querella interpuesta por el fondo de inversión también va dirigida contra una funcionaria del Ayuntamiento, la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspecciones.
