Las informaciones sobre el Barçagate empiezan a ser menos optimistas que antes para los medios que, como la agencia EFE o la Cadena SER (Què t’hi jugues?), se han convertido en portavoces de la parte demandante, el colectivo Dignitat Blaugrana que fue movilizado en su día para cooperar con el supuesto escándalo, atribuido a Josep Maria Bartomeu, de enviar tuits susceptibles de alterar la sensibilidad de Jaume Roures, Josep Guardiola y algunos jugadores del primer equipo de fútbol del Barça, como Gerard Piqué.
En líneas generales, los afectados no parecen tener la piel tan fina como para que esos mensajes, producidos por cuentas con apenas seguidores hace por lo menos cuatro años, les hayan causado daños psicológicos graves. Eso salta a la vista. Al menos, comparados con los soeces y descarnados insultos de los destacados miembros laportistas del extinto Zona Franca de TV3, provocan risa y la sensación de estar asistiendo a una comedia, mediática sobre todo, sin precedentes.
Otra cosa es que, en el marco de la exageración procesal en que se ha convertido la causa, la noticia de la ampliación de la instrucción, como mínimo hasta el próximo 29 de julio, haya acabado de confirmar la injerencia escandalosa e inaudita de los Mossos d’Esquadra, principales responsables de este nuevo y disparatado retraso que la magistrada no ha tenido más remedio que aceptar y sufrir desde el día en que el cuerpo autonómico decidió, por su cuenta y riesgo, realizar un registro domiciliario en el club y en las oficinas y pisos de los investigados, además de mandar al calabozo al expresidente azulgrana Josep Maria Bartomeu.
Desde que los Mossos obtuvieron ese preciado botín, consistente en una gigantesca cantidad de discos duros replicados, sólo han aparecido informes frívolos y sesgados sobre asuntos que nada tienen que ver con la causa. Los Mossos, en definitiva, no han sido capaces, desde ese registro realizado el 7 de marzo de 2021 -pronto hará dos años-, de emitir su propio informe sobre el fondo de la pretensión de la demanda. Ese es demostrar, por un lado, que la directiva de la época fue más allá del objetivo de monitorizar las redes, y de la defensa y refuerzo de las actuaciones institucionales; y, por otro lado, de poner en evidencia de que fue el expresidente Josep Maria Bartomeu quien, personalmente, decidió atacar a ilustres personajes del entorno.
Ahora, la excusa de los Mossos, trasladada al jueza responsable de la instrucción, es que no ha tenido tiempo para acabar de bucear e investigar severamente sobre los hechos pertinentes.
Traducido a la realidad, los Mossos no han sido todavía capaces de encontrar los indicios que pudieran reprobar los argumentos, las declaraciones y las evidencias aportadas hasta ahora por los testimonios, algunos de los cuales declaran este viernes en otra sesión que la jueza va administrando con cuentagotas para justificar un retraso que no tiene ninguna explicación. De hecho, la declaración de Bartomeu se ha vuelto a posponer, también sin causa aparente, más allá de que el papel de los Mossos está tan excedido como el límite salarial de Laporta.
Los portavoces periodísticos del caso y beneficiarios exclusivos de las filtraciones de los Mossos acaso se deban replantear o retrasar el festival de podcasts anunciado. De momento, ha sorprendido su comentario en la SER sobre su sensación de que, a veces, la justicia puede “hacer sentencias a la carta” cuando se han referido a esta nueva prolongación interminable de un caso en el que, lo que sí que parece, es que alguien de la policía autonómica quiera ser también juez o parte de la causa.
