El Ministerio de Igualdad ha propuesto poner en marcha un Plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres para reforzar la ley del ‘solo sí es sí’. El ministerio que encabeza Irene Montero (Unidas Podemos) busca así hacer frente a la rebaja de condenas que están dictando algunos jueces, y frenar cualquier intento de la derecha de volver al modelo anterior.
Las medidas de aplicación «urgente» que contempla el Plan incluyen doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual, reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a violencias sexuales y fortalecer las unidades de valoración forense integral. Igualdad también propone medidas para proteger a las víctimas, como garantizar que tengan asistencia jurídica gratuita, incluir las víctimas de violencia sexual al Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO) e implementar el otorgamiento de ayudas a las víctimas de violencias sexuales.
El Plan también sugiere proporcionar formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de los departamentos de Justicia, Interior, Educación y Salud, crear el servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el sistema nacional de salud, aumentar el número de agentes dedicados exclusivamente a la protección de las mujeres que sufren violencia de género o sexual e implementar puntos violetas en todas las instalaciones públicas.
Igualdad mantiene que las rebajas de condena que están aplicando varios jueces son consecuencia de una «incorrecta aplicación» de la ley del ‘solo sí es sí’ y considera que ninguna reforma penal podría parar las revisiones de penas a violadores. El Gobierno central, sin embargo, aboga por «retoques» que aborden la interpretación jurídica de la ley a pesar de que, como ha señalado la portavoz del ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, mantiene la puerta abierta a posibles «recursos adicionales».
