Dejen de ‘joder’ al Perú

En cinco años los peruanos han visto pasar a seis presidentes por el Palacio de Gobierno: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y la actualmente en funciones Dina Boluarte. El último que completó su mandato fue Ollanta Humala, entre 2011 y 2016, como previamente Alan García (2006-2011, y antes 1985-1990), Alejandro Toledo (2001-2006) y, por supuesto, Alberto Fujimori (1990-2000), con autogolpe incluido y hoy todavía en prisión, condenado por crímenes de lesa humanidad, cohecho y desfalco, entre otros.

También Toledo fue acusado de prácticas corruptas y ahora reside en Estados Unidos, donde ha evitado las órdenes de extradición a Perú. Con dichos antecedentes, las últimas presidencias han estado marcadas por las denuncias de corrupción y por el enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, donde ha prevalecido éste, llevando al país a una situación de crisis permanente.

Entre los episodios recientes, el más sonado se vivió el pasado 7 de diciembre cuando el último jefe del ejecutivo elegido en las urnas, Pedro Castillo, hizo una declaración institucional en que expresaba “la decisión de establecer un Gobierno de excepción”, con medidas como “disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un gobierno de emergencia” y “convocar en el plazo más breve a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”.

Y es aquí donde obviamente se produjo el choque con el Parlamento, ya que sus 130 miembros no permitieron que el presidente les pasara por delante, y antes de que los echara movieron ficha para destituirlo y llevarlo a prisión.

¿Pero fue la declaración previa de Castillo realmente un autogolpe, como muchos se apresuraron a calificar? Con los tira y aflojas con el Congreso durante su corto mandato, más bien podría leerse en términos de defender su puesto antes de que lo despacharan. El mismo día 7, la cámara debía votar el tercer proceso de vacancia presidencial y decidir si declaraba la “incapacidad moral” de Castillo para seguir en el cargo.

El ex ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, señalaría que el presidente “se enteró de que en el Congreso ya tenían 87 votos para vacarlo y creyó erróneamente que la población, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo iban a respaldar y eso no fue así”.

Pero no todo el mundo piensa que los votos estuvieran garantizados. Por ejemplo, Pepe Quispe, líder social originario de Villa el Salvador, distrito de Lima, al que conozco hace años, me decía: “Castillo cometió un error, y en eso hay coincidencias desde el análisis colectivo. Debió esperar a que el Congreso hiciera su votación, que se decía no llegaría a la mayoría deseada”. Según Quispe, actuó “mal asesorado” y se encontró “en frente a toda la derecha en su papel más duro posible. Lo han querido vacar desde antes de asumir el poder, sumado a ello el fuerte racismo expresado por la alta clase política limeña”.

En los 16 meses de mandato de Castillo, el Parlamento echó atrás buena parte de sus propuestas legislativas, y en menos de nueve meses ya había enfrentado dos mociones de censura, o procesos de vacancia, impulsados por el ala más conservadora. A eso se habría añadido la inexperiencia política del dirigente, que en las disputas con el Congreso, pero también con su partido y los sectores que le apoyaron, cambió cinco veces de gobierno nombrando a 80 ministros.

El maestro rural de origen indígena que llegó a liderar la nación enfrenta ahora 18 meses de prisión preventiva -más que su tiempo como presidente-, y miles de peruanos, hartos de su clase política, han salido a las calles. Las protestas se han extendido de norte a sur y de este a oeste, de La Libertad a Arequipa, y de Lima a Ucayali, pasando por Ayacucho y Cuzco. En una primera ola, hasta el 25 de diciembre, hubo cerca de 30 muertos y cientos de heridos.

Iniciando el año, las manifestaciones y los cortes de carreteras se han reanudado y el país vive uno de los momentos de mayor incertidumbre de su historia reciente. Massimiliano Piccolo, cooperante italiano en Perú desde hace años, observa “un país dividido en dos facciones opuestas que difícilmente encontrarán un acuerdo”. Lo que parece claro, viendo las encuestas, es que una mayoría quiere la disolución del Congreso y que se vuelva a votar lo antes posible. En manos de los que llevan ahora las riendas está avenirse o seguir ordenando la represión en las calles. Si nos permiten una última consideración, parafraseando a Vargas Llosa: “Señores, dejen de joder al Perú”.