Pocos socios del Barça pasarán a la historia con esa fea etiqueta de cobarde y maledicente como Jordi Cases. Fue el famoso farmacéutico de Olesa quien dio la cara de una conspiración no menos gallina e igual de perversa, pues cuando firmó la querella que originó el caso Neymar no buscaba, como afirmó, transparencia ni información, tampoco explicaciones ni detalles. Simplemente, pretendía poner una bomba en la Audiencia Nacional, de efecto retardado, siguiendo las instrucciones del entorno de Joan Laporta por mediación de su abogado de confianza, Xavier Albert Canal, otro de los ilustres barcelonistas de hoy a los que el tiempo y la historia también juzgará y colocará en el lugar que merece.
Suya fue la estrategia de inventarse un presunto delito por fichar a Neymar y arrebatárselo al Real Madrid mediante apropiación indebida, falsedad documental y corrupción entre particulares por parte de los directivos responsables del fichaje del delantero brasileño. Por compararlo con el caso del robo de Di Stéfano, perpetrado al Barça por el régimen franquista casi manu militari, sería como si un socio del Real Madrid hubiera denunciado a su presidente por impedirle jugar en el Camp Nou y haberlo vestido de blanco.
Ese fue el espíritu del montaje y de la intención del entorno laportista cuando puso todo su aparato y capacidad de influencia, incluidos los favores y las puertas que sólo se podían abrir desde el centralismo más rancio, con la única finalidad de favorecer la entrada de la querella de Jordi Cases en la Audiencia Nacional.
A partir de ahí, se prestó a ruedas de prensa infames, declaraciones impresentables y hasta a hacerse fotos y estrechar la mano del sindicado ultraderechista Manos Limpias en busca de apoyos y de un estado de opinión que favoreciera, además, la imputación de Josep Maria Bartomeu y de Javier Faus, además de promover, consentir y alentar una querella contra el FC Barcelona para rematar una reclamación que, con una afinada visión de futuro, el entonces secretario de la junta directiva, Toni Freixa, calificó de “imprudente y temeraria”. Ciertamente, Jordi Cases estuvo a punto de ser el objeto de una demanda por denuncia falsa, una seria amenaza que fue tomando cuerpo a medida que la propia instrucción del caso iba remodelando y suavizando el grado y la propia naturaleza del delito.
Tanto, que Jordi Cases tomó la decisión de retirarse de este proceso judicial después «de escuchar la intervención de Josep María Bartomeu en la asamblea general de socios compromisarios celebrada el pasado sábado y constatar la plena justificación de todas las cantidades comprometidas, estimando la ausencia de ningún hecho delictivo en la contratación del jugador”, según dijo en un comunicado que, sin embargo, no ponía fin -al contrario- a la vía penal.
Aunque la querella había nacido muerta, como se ha comprobado once años después, la Fiscalía y la Abogacía del Estado se preocuparon de mantenerla viva como fuera pese a la fuga y la actuación cobarde de Jordi Cases, el mismo que también inició un voto de censura contra Sandro Rosell y a los pocos días se desdijo también porque no se había leído ni los estatutos antes de iniciar el procedimiento.
El trabajo que le dejó a la Audiencia Nacional fue tan farragoso que este órgano jurisdiccional hubo de inventarse un presunto delito fiscal basado en que los 40 millones pagados a la empresa del padre de Neymar en su día por los derechos federativos de Neymar no fueron tributados por el FC Barcelona como es debido, según la instrucción, como salario del futbolista, que, sin embargo, entre 2011 y 2013 estuvo jugando en el Santos.
La Fiscalía, en cualquier caso, lo dejó todo atado y bien atado antes de que la propia Audiencia Nacional se declarara, después de todo, incompetente, pues ni rebuscando en todos los archivos de la casa y de la inquisición pudo encontrar argumentos que no justificaran el archivo.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde acabó todo el papeleo, recibió instrucciones muy precisas de abrir juicio oral contra el FC Barcelona, porque en ningún imaginario jurídico podían ser imputados ni Rosell ni Bartomeu, con el añadido de exigir un aval de 90 millones que sí que habría hecho un agujero económico bastante inasumible mientras durase un proceso judicial que pintaba largo.
La paradoja fue que, por otro lado, la misma Fiscalía que exigía poner la contabilidad del Barça patas arriba con apenas argumentos, aceptó pactar una condena al club por delito fiscal y el pago de una multa de 3,5 millones de euros. Un cargo penal que dentro de poco ya no constará como tal sin dejar rastro.
La anécdota fue que la Fiscalía y la Abogacía de la Audiencia hubieron de advertir y activar a Hacienda sobre la existencia de un presunto delito fiscal del que esta última no solo no tenía noticia. De hecho, la Agencia Tributaria no había detectado ninguna irregularidad por la sencilla razón de que, evidentemente, el Barça no habría podido tributar en ningún caso el salario de un futbolista que no tenía ni ficha ni contrato con el FC Barcelona. Además, ha sido el primer caso en que es un juzgado el que comunica a Hacienda un delito y no al revés, como es lo lógico y lo habitual.
A efectos de la fantasiosa sentencia con la que se cerró el caso, el hecho de imputarle al Barça la no tributación del salario de un futbolista que en aquellos tiempos jugaba en el Santos de Brasil fue un detalle sin importancia.
La sorpresa añadida fue comprobar que la herencia de Jordi Cases, muchos años después, seguía viva en la Audiencia Nacional, especialmente en el cajón de la Fiscalia, donde se recibió con los brazos abiertos la querella de DIS, esperpéntica, anacrónica y basada en una negación de la propia sentencia del primer caso Neymar. El fondo de inversión DIS reclamaba una comisión sobre ese mismo dinero declarado y juzgado como salario previamente.
Una locura que, sin embargo, reactivó la fijación de la Fiscalía, ordenando forzadamente la celebración de un juicio oral pese a que el juez instructor había llegado a archivarla en dos ocasiones.
El segundo juicio, como el primero, claramente dominado por un entorno y circunstancias que poco tenían que ver en realidad con hechos punibles ni criminales, sino únicamente con la intención de causarle un perjuicio al Barça, del tipo que fuera, nunca debió celebrarse.
A Jordi Cases, en nombre y representación de ese entorno laportista, tan poderoso como tóxico, hay que agradecerle ese calvario que, más allá de si Rosell fue el héroe que fichó a Neymar y no el villano, ha vivido el club, el Barça, absolutamente gratuito e innecesario.
A día de hoy, veinticuatro horas después de la sentencia que también ha exculpado al club, ni la web ni nadie de la junta de Laporta han celebrado esta absolución ni han informado al respecto. Claramente, Jordi Cases nunca caminó solo.
