La certeza de que Joan Guillem Laporta, hijo del presidente del FC Barcelona, es socio de una agencia de intermediación de jugadores que ha realizado operaciones con el club azulgrana ya no puede ponerse en duda después de las últimas revelaciones mediáticas y las más que cachondas reacciones desde dentro del club, que no han hecho sino confirmar que esa relación, tanto si viola como sino la ley del deporte, y se salte o no el código ético interno, apesta a bastantes kilómetros de distancia.
Los rumores apuntados por diversas fuentes próximas al clan Laporta ya ha habían apuntado la sospechas de que el hijo del presidente estaba rondando en traspasos y cesiones desde que se cerró el fichaje de Aubameyang el invierno pasado. Fue El Confidencial, en una información de pasado miércoles, el que puso nombres y datos a esta pertenencia societaria de Joan Guillem Laporta a Top Level Football 77 SL, inscrita y operativa desde el 7 de julio de este año, precisamente en lo más caliente de la época de fichajes. El objeto social no es otro que “la gestión y representación de deportistas de cualquier categoría, actividades de gestión y administración, servicios de ocio y entretenimiento”.
El otro socio, quien aporta la experiencia y los contactos en este complejo y enrevesado mundo del fútbol, más allá de si padre e hijo comparten información a la hora de la cena o en el desayuno, es Raúl Verdú, exjugador del Espanyol y agente FIFA.
A partir de esta información, la cobertura mediática y las respuestas a los pocos medios que han mostrado interés en este asunto, verdaderamente escandaloso y opaco, confirman la naturaleza tenebrosa de esa repentina vocación del hijo mediano de Laporta por dedicarse a los negocios de la intermediación de futbolistas.
Según este digital, Top Level Football 77 no es más que una especie de tapadera para que ambos puedan cobrar una retribución por los servicios prestados a Fali Ramadani, uno de esos super agentes tipo Jorge Mendes, empresario de origen albanés titular de la firma Lian Sports & Partners con matriz registral en Irlanda.
Según ese mismo relato, bajo su control figura Marc Bernal, una estrella prometedora del Cadete A del Barça, y no se ha negado su intervención en el fichaje de Marcos Alonso, procedente del Chelsea, cerrado por ocho millones pese a la insistencia de muchos medios afines a la junta en defender que el defensa, de 31 años, llegó libre del club inglés.
Según Verdú, “no hay un conflicto de intereses porque cuando actúa en una operación vinculada al FC Barcelona, Guim no cobra. Tenemos u operamos con un total de 45 jugadores de los que solo dos son del Barça”. Por otro lado, también existe la evidencia de su participación en la cesión de Clement Lenglet al Tottenham que, si se mira desde el punto de vista del ahorro de la ficha, parece un buen negocio, pero que, si se desgrana como un traspaso o cesión por la que el Barça no ha ganado un euro -y, además, ha generado unos costes de intermediación- inspira otros pensamientos y sensaciones distintas. Una operación muy parecida a la salida de Sergiño Dest al Milan, también vinculada a al eje Verdú-Guillem Laporta como servicio a Fali Ramadani. Fuentes bien informadas calculan que ese trajín de entradas y salidas generó unos dos millones en comisiones, de los cuales Verdú ha admitido que sólo se cobrará un pellizco por Marcos Alonso cuando se cumplan determinados plazos de pagos.
Si existe conflicto de intereses o, directamente, una infracción grave de la Llei de l’Esport es un aspecto que desde la directiva de Laporta se rechaza de plano porque, según ha explicado la dócil y aterciopelada voz del Què t’hi jugues? -eso sí, con un afectado tono de indignación-, el propio presidente Laporta le prohibió a su hijo hacer negocios con el Barça, además de que, a todos los efectos prácticos, no consta que su sociedad haya participado directamente en traspasos o cesiones con jugadores del FC Barcelona. En el espacio matinal de la SER se llegó a reproducir una de esas excusas provenientes de la junta afirmando que si se cierra alguna operación con un futbolista azulgrana, Guillem Laporta tiene prohibido cobrar.
Surrealismo y tomadura de pelo a partes iguales sobre una cuestión en la que, de nuevo, la directiva de Joan Laporta ha utilizado a sus propios periodistas estratégicamente situados y bajo control para tamizar una información que dentro del núcleo duro del presidente es vox populi y que, en cualquier caso, nadie del club ha salido oficialmente a desmentir.
La protección mediática del clan Laporta sigue siendo de alta seguridad. Lo prueba la reducida y suavizada reacción a esta información que, no hace falta decirlo, habría sido convenientemente elevada a escándalo internacional sin precedentes si se tratase del hijo de cualquier otro presidente anterior a Laporta. Las conjeturas de los pocos periodistas sensibles a comentar este episodio ni siquiera pusieron en contexto que Joan Laporta colocó a su prima Marta Segú en la Fundació Barça, a su hermana Maite en un cargo ejecutivo destacado y que su hermano Xavier merodea constantemente por el club igual que su cuñado Alejandro Echevarría, tío de Guillem Laporta, dentro de ese entramado familiar.
Cuesta creer que alguien, después de esa estructura genealógica que ha ido creciendo rápidamente desde la llegada de Laporta al palco, se sorprenda porque, de pronto, se incorpore una nueva generación a esa empresa familiar, ni que sea aparentando que, en el fondo, Guillem Laporta no tenga nada que ver con la figura paterna y presidencialista de papá Laporta.
