En el macrosumario judicial instruido en Andorra tras la incautación, en 2015, de la Banca Privada de Andorra (BPA) hay una pieza separada que hace referencia a un grupo de 28 ciudadanos de Venezuela que tenían cuentas en esta entidad bancaria. El fiscal general del Principado, Alfons Alberca, considera que ese dinero procedía de la corrupción a la empresa petrolera venezolana PDVSA.
Esa pieza separada, que aún está pendiente de juicio, es la bala de plata que tiene el fiscal general para lograr la condena de los ex directivos de la BPA. Las demás causas que figuran en el macrosumario –Gao Ping, Petrov, Sinaloa…– han ido cayendo por falta de pruebas que sustenten la acusación.
Andorra, aunque no forma parte de la UE, es un país totalmente comprometido con los valores democráticos occidentales. No en vano, uno de los copríncipes (figura equivalente a la de jefe de Estado) es el presidente de la República francesa,Emmanuel Macron.
Por eso, sorprende que en la llamada pieza de los venezolanos del caso BPA, el fiscal general –que es un cargo de confianza y de designación directa por parte del Gobierno andorrano– haga el juego a los intereses de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, acusado de haber implantado en ese país un abominable régimen autoritario y de terror.
En efecto, los 28 venezolanos acusados en Andorra son, en su mayoría, antiguos colaboradores de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo y Minas durante el mandato de Hugo Chávez, el «padre de la revolución bolivariana». A la muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo del 2013, se desató una dura pugna interna por su sucesión. En esta descarnada lucha por el poder acabó imponiéndose el sector más duro, representado por Nicolás Maduro y su actual esposa, Cilia Flores. Rafael Ramírez cayó en desgracia y tuvo que marcharse del país para salvar la piel. El año pasado, Italia le concedió el estatus de refugiado político y, desde su exilio en Roma, se ha convertido en una de las voces más potentes contra la deriva dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, a quien acusa de haber traicionado el legado del chavismo y de graves delitos de corrupción.
El presidente venezolano considera a Rafael Ramírez su «enemigo número 1» y, a través de su implacable fiscal general, Tarek William Saab, ha lanzado una orden internacional de captura contra el expresidente de PDVSA, a quien imputa un desfalco de 4.850 millones de dólares a la empresa petrolera. Rafael Ramírez niega con contundencia estas acusaciones, que considera un «montaje» del régimen para desprestigiarle.
En este contexto, la causa instruida por el fiscal general de Andorra contra este grupo de 28 venezolanos es aprovechada por Nicolás Maduro para atacar a la oposición. Da igual que Rafael Ramírez nunca hubiera tenido una cuenta en la BPA: Andorra se ha convertido en un nombre de moda en Venezuela y el país de los Pirineos sale a menudo a los medios de comunicación afines al madurismo como el paraíso fiscal donde se escondían las fortunas robadas en PDVSA.
El hecho de que el fiscal general de Andorra –que es una persona cercana al Opus Dei– colabore y se deje instrumentalizar por el régimen autocrático de Venezuela resulta insólito y chocante. Por el momento, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, le mantiene la confianza, pese a la gravedad de sus actuaciones.
