Fracaso absoluto de la campaña del Consell per la República Catalana para que los ayuntamientos se adhieran a la denuncia contra el supuesto caso de espionaje bautizado como CatalanGate. El organismo que preside Carles Puigdemont ha intentado que los consistorios aprobaran una moción en la que se manifiesta la solidaridad con las 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya supuestamente espiadas y se pide explicaciones al gobierno español a quien se considera responsable. El laboratorio canadiense de tecnología y derechos humanos Citizen Lab publicó el informe con el nombre de CatalanGate el 18 de abril. El Consell per la República Catalana puso en marcha entonces la campaña de mociones en los ayuntamientos. El resultado ha sido que 34 consistorios han suscrito esa moción y que otros dos se han comprometido a hacerlo el próximo mes. Total, 36 ayuntamientos. Teniendo en cuenta que en Cataluña hay 947, eso significa que esta moción ha tenido el apoyo de sólo el 3,8% de los consistorios catalanes.
La mayoría de los ayuntamientos que han aprobado esta propuesta tienen pocos habitantes. No hay ninguno que llegue a los cien mil. El que más se acerca a esa cifra es Sant Cugat del Vallès, que tiene cerca de 91.000. El segundo consistorio más poblado que dio el visto bueno a esta moción es Manresa, con unos 76.000 habitantes. El resto tiene todos menos de 50.000 vecinos. Los más poblados son Vic, Figueres, Sant Feliu de Llobregat y Tortosa. Los otros consistorios que han aprobado la moción del Consell per la República son Ponts, Riudoms, Cellera de Ter, Cabrils, Masdenverge, Sant Feliu de Pallerols, Taradell, Sant Hilari de Sacalm, Amer, Ametlla de Mar, Palafrugell, Palau-Solità i Plegamans, Santpedor, Maspujols, Prats de Rei, Torres de Segre, Flix, Artés, Tortosa, Santa Eugènia de Berga, Prats de Lluçanès, Llinars del Vallès, La Llacuna, Castellterçol, Arbúcies, Alella y Palafrugell-Regencós. Los dos que se han comprometido a sumarse a septiembre son Garriguella y L’Esquirol.
La moción denuncia que “el uso ilegal, antidemocrático y sistemático, en los últimos años, de software espía dirigido contra políticos independentistas, activistas por los derechos humanos, periodistas y abogados, se enmarca en la persecución mucho más amplia contra miles de ciudadanos por el único hecho de defender la independencia de Catalunya, de forma totalmente pacífica y democrática”, condena “el espionaje político que supone una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales reconocidos, tanto a nivel interno como internacional, como son el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones” y reclaman a los consistorios que se comprometan a “a proteger y preservar los derechos de los concejales y trabajadores de este consistorio y a los ciudadanos que tengan indicios suficientes de ser víctimas, ofreciendo un servicio de análisis de móviles y aparatos informáticos y en caso de demostrarse, ofrecer apoyo legal y personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas”.
Los grupos municipales de ERC, JxCat y la CUP han mostrado poca pasión por llevar estas mociones a los plenos de sus ayuntamientos. Estos grupos, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han mostrado, en cambio, más interés en judicializar su denuncia. Ya hay seis juzgados estudiando sus demandas.
