La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves el escrito de acusación contra la presidenta del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, por el presunto fraccionamiento de contratos a favor de su amigo Isaías Herrero cuando Borràs estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). En el escrito, el ministerio público pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlament, a quien acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de un delito de prevaricación administrativa.
El fiscal pide también una multa de 144.000 euros, pero descarta acusar a Borràs de otros delitos que inicialmente se le atribuían, como el de malversación de fondos públicos y el de fraude administrativo, a causa de la falta de indicios suficientes para imputarla. En cuanto a Herrero, el beneficiario de los contratos, el ministerio público pide la misma pena de prisión e inhabilitación, pero rebaja la multa a los 72.000 euros.
La apertura de juicio oral a Borràs tendrá implicaciones políticas. El artículo 25.4 del reglamento del Parlament, aprobado el 2017 con los votos a favor de Junts pel Sí, establece que en caso de que se abra juicio a un diputado de la Cámara catalana por delitos de corrupción, la Mesa del Parlament acordará la suspensión de derechos y deberes del acusado hasta la sentencia, pero Borràs y su partido rechazan que se aplique este artículo a la presidenta de la Cámara porque aseguran que es inocente y que se trata de un caso de «represión» del Estado.
Sin embargo, ERC y la oposición son partidarios de que Borràs deje el cargo para no comprometer a la institución, y afirman que la causa contra la líder de Junts no tiene nada que ver con la represión contra el independentismo.
