“Un parlamento democrático debe anularlo, erradicarlo. ¿Qué es lo que debemos anteponer: el reglamento o los derechos fundamentales?”. Estos han sido los argumentos de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para defender la eliminación del artículo 25.4 del reglamento de la cámara representativa de Catalunya, que prevé suspender el acta de un diputado cuando se le abre un juicio oral por un delito de corrupción.
Precisamente es lo que está a punto de pasarle a Borràs. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acercado al banquillo a la presidenta de Junts por cuatro delitos: prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude en la administración.
Presunción de inocencia
La líder de la formación postconvergente ha criticado que este artículo del reglamento del Parlament vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Se le podría suspender su acta de diputada si se le abriera un juicio oral por el caso de supuesto fraccionamiento de contratos para adjudicar un trabajo a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Borràs ha insistido en que no ha cometido ningún delito. Ha asegurado que ha sido víctima de una persecución y que, si se sienta en el banquillo, no tendrá un juicio justo.
“No habría un juicio justo”
“No dimito porque soy inocente y defenderé mi inocencia desde mi posición”, ha expresado en una entrevista concedida a TV3. La presidenta del Parlament ha negado “categóricamente” haber troceado contratos y ha explicado que fue objeto de “una investigación prospectiva en la que se investiga a una persona y no a unos hechos”.
“Hay unanimidad al considerar que no habría un juicio justo porque hay un componente de acoso político”, ha indicado la dirigente de Junts. Borràs ha hecho un llamamiento a “no colaborar con las cloacas del Estado” dirigido “no a los independentistas, sino a los demócratas”.
