Cada día tenemos más sobrecargas y limitaciones para abastecer y satisfacer las exigencias de tributos e impuestos diversos de una incontable, y no siempre justificada, diversidad de administraciones: la central, la autonómica, la provincial, la comarcal o municipal. La sobre estructura burocrática ahoga a la ciudadanía, e incluso limita y condiciona su libertad, y la de los responsables políticos honestos. A todo ello, el mundo de la política ha visto resurgir el interés por los derechos territoriales: ¿Qué son? ¿Quiénes los detenta? ¿Cómo se justifican? De hecho, el Estado ejerce autoridad sobre un dominio geográfico y al hacerlo da lugar a preguntas del tipo: ¿cómo evaluar de forma justa las imposiciones u omisiones territoriales de las actuaciones del Estado? ¿Cómo justificar la autoridad del Estado en un territorio que no se considera representado por ese Estado?
De hecho, muchos de los principales temas de actualidad, como la migración, la gestión de la COVID, los recursos y la autodefensa, tienen importantes dimensiones territoriales. El drama que estamos viviendo en la guerra entre Rusia y Ucrania es un lacerante ejemplo de la conflictividad que pueden generar los temas territoriales. Por todos estos motivos, hoy en día la trascendencia de las políticas territoriales en la era de la globalización y la digitalización están resultando crucial. Urge, por tanto, un debate público sereno, honesto y fundamentado socioeconómicamente de los conceptos de política territorial y lo que es más importante, responder a la pregunta: ¿qué herramientas tenemos para formular las políticas territoriales?
Una pregunta nada trivial es ¿qué es el territorio? Una primera distinción entre territorio y tierra es que la tierra es aquella parte de la superficie terrestre que no está cubierta por agua. Por el contrario, el territorio es un concepto político y geográfico. Se refiere a un área sobre la cual existe una autoridad jurisdiccional. El territorio de un Estado o Nación es la extensión geográfica sobre la que recae su autoridad jurisdiccional. Sin embargo, en el mundo moderno ese territorio se extiende en el mar, debajo de la superficie de la tierra (para controlar los recursos) y sobre su espacio aéreo.
El territorio, entonces, es concebido como un área geográfica controlada o sobre la cual se ejerce el poder. Por todo ello la justificación o conceptualización del territorio de un Estado es un tema que en nuestro mundo globalizado y altamente politizado es urgente si queremos evitar conflictos de graves consecuencias. Los derechos territoriales pueden incluir derechos a controlar los recursos dentro del área geográfica, derechos a controlar las fronteras y regular el flujo de personas y bienes a través de ellas y derechos a defender el territorio contra la agresión externa. Aunque estos derechos se asumen que están en manos del Estado soberano, todos conocemos o nos podemos imaginar entidades que se atribuyen o tienen derechos que otros territorios del Estado no tienen.
Una situación que nos afecta directamente es la de los miembros de la Unión Europea que tienen poderes jurisdiccionales significativos a nivel de estado miembro, pero no controles fronterizos entre estados miembros en el área Schengen. La mayoría de los Estados Federales están estructurados de esta manera. En Canadá, las provincias ejercen amplios poderes en los ámbitos de educación, salud, carreteras, recursos naturales, pero no existen controles fronterizos entre provincias. Algo parecido sucede en España con las Autonomías.
El nacionalismo es un fenómeno relativamente moderno que ha dado lugar a planteamientos secesionistas o independentistas que constituyen una preocupación cuando no un serio conflicto dentro de los estados o entre estados. Todo ello nos lleva a la recurrente pregunta: ¿Qué es una nación? El prestigioso político inglés, David Miller define una nación como una comunidad, constituida por creencias compartidas y compromisos mutuos, extendida en la historia, con carácter activo, conectada a un territorio en particular, y separada de otras comunidades por su cultura pública distintiva. Esta definición es bastante relativa y a menudo criticada desde los sectores independentistas, pues no favorece sus objetivos.
Por lo tanto, cada elemento del paquete que compone lo que podríamos llamar vagamente «derechos territoriales» debe ser examinado, relacionado con otros elementos y justificado, si queremos tener una normativa completa de los derechos o la justicia territoriales. Sin ello, difícilmente podremos hablar de “Naciones” sin incurrir en el riego de graves conflictos políticos.
