El gobierno de la Generalitat ha presentado este martes un recurso de reposición contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a realizar el 25% de las clases de castellano en las aulas, y pretende que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el recurso. Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, quien ha explicado que el gabinete jurídico de la Generalitat considera que la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña «no tiene legitimidad» para reclamar la aplicación de la sentencia.
Plaja ha manifestado que, aparte del recurso judicial, «también se trabaja para que pronto estén listas las modificaciones legislativas necesarias para responder a ese ataque al catalán y al modelo de escuela catalana». Además, ha anunciado que en los próximos días se aprobará un decreto ley con el objetivo de proteger a los centros educativos y sus proyectos lingüísticos.
En relación con la ley de política lingüística, su modificación sigue parada desde que Junts se descolgó del acuerdo alcanzado con ERC, el PSC y En Comú Podem. Los partidos han dado 24 horas a la formación posconvergente para que vuelva al consenso, y han advertido de que si el acuerdo no se rehace, forzarán que la reforma se incluya en el debate del próximo pleno para que salga adelante sin los votos de Junts.
