ERC y Junts, socios en el gobierno de coalición de la Generalitat, divergen sobre la política lingüística hasta el punto de no ir de la mano en la reforma de la ley que la regula ni en la reacción a la sentencia que obliga a las escuelas a impartir el 25% de las clases en castellano.
El partido que lidera el expresidente catalán Carles Puigdemont, por boca del portavoz Josep Rius, ha rechazado este jueves definitivamente sumarse al acuerdo que habían firmado con ERC, el PSC y En Comú Podem para la reforma de la ley de política lingüística, que reconocía explícitamente el uso de la lengua castellana en la educación, y del que después se desmarcó por el rechazo interno que causó.
Josep Rius ha anunciado que Junts no participará en la reforma, aduciendo que no quieren involucrarse en «ninguna medida que suponga un retroceso», y que presentará una propuesta propia alternativa para hacer frente a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga al Departamento de Educación de la Generalitat a garantizar que se aplica el mínimo del 25% de castellano en las aulas.
Además, ha asegurado que los partidos firmantes del acuerdo no aceptaron como condiciones indispensables que el catalán sea vehicular, que se protejan las escuelas y a los profesores, y que se proteja la inmersión lingüística en catalán.
El anuncio de Rius llega horas después de que el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, haya manifestado, durante una entrevista concedida a TV3, que no contemplaba que ningún partido de los que considera que defienden la escuela catalana evitara sumarse a la reforma de la ley de política lingüística.
El acuerdo sobre la reforma, en cualquier caso, suma los apoyos necesarios en el Parlament de Catalunya para salir adelante.
