La dirección de Junts per Catalunya ha decidido endurecer un poco más su posición crítica en cuanto al pacto político sobre la inmersión lingüística. A pesar de haber firmado el pacto con ERC, PSC y Comuns, ahora ponen como condición principal un consenso político y social mucho más amplio que el actual.
En estos términos se ha expresado este lunes Josep Rius, portavoz de la formación, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva. Sin embargo, no ha detallado por dónde debe pasar este consenso, pero ha indicado que es clave incluir a la comunidad educativa y a las entidades que trabajan por la lengua. «Estamos trabajando con todo este sector y con los partidos para conseguir un consenso lo más amplio posible», indicó.
La proposición de ley, registrada el 24 de marzo, recoge esta fórmula: «El catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo». La modificación de la ley de política lingüística también se especifica que el castellano «es empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro». Esto significa que la presencia de más o menos castellano la dejan en manos de cada centro en función de cuáles sean las necesidades para asegurar que se aprenden las dos lenguas, escenario que estará marcado por la realidad sociolingüística.
El texto de los cuatro partidos se registró por lectura única, para reducir al máximo los plazos, pero el calendario legislativo final hará que hasta finales de abril no haya novedades. Las negociaciones, indicó Rius, deben transitar vías «silentes».
