Nunca se había visto una cosa igual. La Generalitat ha aprovechado la ley de acompañamiento de los Presupuestos para este año 2022, aprobada por el Parlamento, para colar la autorización para que la cadena Bonpreu instale un enorme centro comercial en el municipio de Cervelló (Baix Llobregat).
Normalmente, la ley de acompañamiento de los Presupuestos –como su nombre indica– sirve para introducir modificaciones legislativas puntuales relacionadas con el pago de tasas y tributos. Pero utilizar este instrumento vinculado a los presupuestos para favorecer los intereses comerciales de una empresa en concreto, en este caso el grupo Bonpreu, es una anomalía absolutamente “insólita”, según afirman las fuentes consultadas por EL TRIANGLE.
La autorización para la implantación de nuevos hipermercados en Cataluña está muy reglada y su tramitación está articulada en el decreto ley de ordenación de equipamientos comerciales, del año 2009. En concreto, su artículo 9.4 establece que “los grandes establecimientos comerciales territoriales pueden implantarse únicamente en la trama urbana consolidada de los municipios de más de 50.000 habitantes o los asimilables a estos o que sean capital de comarca”.
El problema es que el proyecto que promueve Bonpreu en el recinto de las antiguas cavas Rondel que hay en Cervelló no se ajusta, ni mucho menos, a estos parámetros legales. Y es que este municipio tiene una población que no llega a los 10.000 habitantes y tampoco es capital de comarca. Por lo tanto, según la letra y el espíritu del decreto ley del año 2009, la construcción de un hipermercado en Cervelló no es posible: es directamente ilegal.
Pero, hecha la ley, hecha la trampa. A través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de este año se ha añadido un nuevo capítulo (“letra j de la disposición adicional novena”) al decreto ley del año 2009 por el cual se autoriza un nuevo equipamiento comercial en Cervelló, exactamente “en el km. 1.241,5 de la carretera N-340”. Es decir, donde están las antiguas cavas Rondel, que Bonpreu compró el año pasado.
No se trata de un hipermercado cualquiera. Las cavas Rondel, que pertenecían a la familia Raventós (Codorniu), ocupan una superficie de 24.000 metros cuadrados y, además, cuentan con ocho kilómetros de galerías subterráneas. La Generalitat ha dado permiso a Bonpreu para que instale un enorme centro comercial de 10.000 metros cuadrados, que, además, puede subdividir en dos establecimientos de 5.000 metros cuadrados cada uno. Aquí, según ha transcendido, se ubicará un hipermercado de la enseña Esclat, que es la marca que utiliza el grupo Bonpreu para sus centros comerciales más grandes.
El conjunto de edificios de las cavas Rondel fue construido en 1949 y es obra, en parte, del arquitecto Lluís Bonet Garí, discípulo de Gaudí. Dada su singularidad, este recinto industrial disfruta de protección patrimonial, y por eso será complicado que se pueda adaptar para ubicar un hipermercado Esclat sin deteriorarlo.
Cuando en 2018 la familia Raventós vendió las históricas cavas Codorniu al fondo de inversión norteamericano Carlyle, el recinto de las cavas Rondel en Cervelló quedó excluido de la operación y, desde entonces, estaba abandonado. Joan Font, el propietario de Bonpreu, ha movido los grandes contactos que tiene en el mundo independentista para que le hagan “un traje a medida” para ubicar uno de sus hipermercados.
Un referente del independentismo
Joan Font, después del tormentoso enfrentamiento con su hermano, se ha convertido en el accionista único del grupo Bonpreu/Esclat, una cadena de alimentación que suma 198 establecimientos comerciales en Cataluña. El año 2020 logró unas ventas de 1.623 millones de euros, con un beneficio de 60,5 millones, y tiene una plantilla de casi 8.000 trabajadores.
Durante los años del proceso, Joan Font ha sido el principal empresario que se ha pronunciado a favor de las aspiraciones independentistas de Cataluña, a pesar de que, poco después del referéndum del 1-O, decidió trasladar su fondo de inversión, Portfolio GT, a Madrid. El dueño de Bonpreu/Esclat formó parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional, impulsado por el ex-presidente Artur Mas, y también de la candidatura Eines de País, con la cual el independentismo ganó las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona.
Joan Font ha puesto a disposición de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) su cadena de supermercados e hipermercados para vender merchandising independentista, en especial los kits para asistir a las multitudinarias manifestaciones que se hacen el 11 de septiembre. A través de su fondo inversor Ona Capital, participa en el accionariado de Parlem, la compañía de telefonía móvil que hace bandera de la lengua catalana. También apoya, con publicidad y patrocinios, a los medios de comunicación independentistas.
