Los grandes propietarios de pisos presionan con fuerza durante las últimas semanas del año para que los juzgados resuelvan sus causas y logren vaciar los pisos. La voluntad es clara: empezar el año con las propiedades libres y sin familia alguna en su interior. No existe «espíritu de Navidad» cuando se trata de ejecuciones hipotecarias o las derivadas por el impago del alquiler. Nada detiene la voluntad de los grandes propietarios de inmuebles, ni siquiera saber que el covid ha afectado a los ingresos de muchas familias o bien que no existe ninguna alternativa habitacional para estas personas, que se pueden ver abocadas a vivir en la calle en plena época navideña.
El magistrado José María Fernández Seijó, que logró poner en duda la legalidad del proceso de ejecución hipotecaria en España y ganar la batalla ante el Tribunal de Justicia de la UE, habla con EL TRIANGLE sobre estas cuestiones. Según su propia experiencia en los juzgados, «se da la paradoja de que en los momentos de peor climatología, se siguen produciendo desahucios. Los grandes propietarios están presionando a los juzgados para que los desahucios se hagan lo antes posible y de forma rápida. De esta forma, quieren poner a la venta los pisos después de Navidad, coincidiendo con una posible mejora económica».
La presión no sólo llega de las propiedades, sino también de los propios abogados. Según el magistrado Seijó, «los clientes no pagan a los abogados hasta que no se ha hecho efectivo el desahucio, por lo que sus despachos también hacen presión a los juzgados». Como dice Seijó, «el dinero no tiene corazón y ganan otros intereses», pese a ser tiempo de Navidad.
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Cataluña, Juanjo Ramón, también reconoce a EL TRIANGLE que «a finales de año se aceleran los desahucios porque los grandes propietarios quieren cerrar el año sin los stocks tóxicos, que dicen ellos». Según el portavoz, al tener tanto interés por cerrar los números, se da la circunstancia de que son las semanas en las que «más firmas de alquiler social podemos conseguir, por pocas que sean. Para bien o para mal, son fechas de mucha actividad, y podemos conseguir que pongan más soluciones sobre la mesa».
Más sanciones por no ofrecer un alquiler social
La PAH lamenta que la Generalitat no imponga más sanciones a las empresas que tienen numerosas propiedades inmobiliarias en Cataluña y no cumplen con la obligación legal, establecida en el artículo 5 de la Ley 24/2015, de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social a las familias que entran en un proceso de desahucio por impago. Hasta el momento, la Agència Catalana de Consum ha abierto 85 expedientes a 38 grandes tenedores, y sólo 6 se han resuelto con una sanción por infracción grave con multas de 25.000 euros por cada expediente.
El portavoz catalán de la PAH denuncia que «las administraciones tienen miedo a enfrentarse a las inmobiliarias, pero si se fomentan las sanciones, tarde o temprano acabarán cediendo y acabarán cumpliendo la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda».
Pueden leer el resto del reportaje en la revista de EL TRIANGLE núm. 1468, disponible en los quioscos.
