Las entidades Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Hablamos Español han denunciado ante la Fiscalía los tuits con insultos dirigidos a la familia que ha conseguido que en las clases de P5 de su hija se imparta un 25% de español. Según publica el diario El Mundo, fueron otros padres quienes iniciaron el señalamiento de los padres de la menor a través de las redes sociales. Por ello y ante el temor de que se revele su identidad, dichas asociaciones han puesto los hechos en manos de la justicia.
“Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian», publicó en Twitter Jaume Fàbrega, un polémico escritor y exprofesor de turismo de la Universitat Autónoma de Barcelona. Ese tuit es uno de los denunciados junto con otro del activista independentista y mosso d’esquadra Albert Donaire, quien escribió: “Este niño se tiene que encontrar absolutamente solo en clase. En las horas que se hacen en castellano, los otros niños deberían salir de la clase. Reaccionemos o nos matan la lengua”.
La presidenta de Hablamos español, Gloria Lago, explica a El País: “Hemos presentado estas denuncias y no nos pararán. Cada vez que veamos este tipo de actitudes que incitan al odio y la violencia nos encontrarán en la Fiscalía. Hay mucho miedo pero nosotros confiamos en la justicia”.
Por otro lado, un colectivo de padres y madres del colegio El Turó del Drac se ha dirigido por carta al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para reclamarle “que blinde el catalán y la inmersión lingüística”. Según recoge Vilaweb, en el escrito muestran su “rechazo a cualquier tipo de violencia y señalamiento, preservando por encima de todo los derechos de los niños de la escuela”.
Este grupo de padres y madres alertan también de que los cambios lingüísticos pueden tener “efectos negativos sobre el proyecto pedagógico de la escuela”.
Asimismo, recalcan que su defensa del catalán no debe ser entendida como “un ataque al castellano ni a su enseñanza”, ya que, dicen, la lengua española está presente en la vida social escolar.
Por parte del Gobierno español, la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmaba en las páginas del diario El Mundo que “todas las sentencias deben ser respetadas y son ejecutables”. No obstante, descartaba anticipar las medidas que tomará el Ejecutivo de Pedro Sánchez en caso de que la Generalitat opte por la desobediencia: “No puedo aventurar qué alegaciones, si las hace, planteará el gobierno» catalán. Y añade que «dependiendo de qué haga la Generalitat, veremos cómo se van dando pasos en el procedimiento judicial».
