El fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga la donación de 65 millones de euros que Arabia Saudí hizo a rey emérito, ha decidido poner bajo la lupa al presidente del banco Mirabaud & Cie, Yves Mirabaud, la entidad donde fueron a parar los 65 millones el 8 de agosto de 2008. El motivo por el que está siendo investigado es que podría haber incumplido la obligación de informar sobre esta operación sospechosa al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el órgano que lucha contra el blanqueo de capitales.
Según ha publicado El País, al principio de la investigación Bertossa ya comunicó a los responsables de Mirabaud & Cie que el banco, como entidad jurídica, comparecería en calidad de investigado por un presunto delito agravado de blanqueo. El presidente de la entidad sólo había declarado como testigo hasta ahora, y de sus palabras se concluyó que ni el departamento de cumplimiento del banco, que vela por la reputación de la institución, ni el departamento jurídico, conocían que Juan Carlos I era su cliente a través de la fundación Lucum.
Sólo seis miembros del llamado Consejo de Asociados sabían que el beneficiario de la fundación panameña era el rey emérito, una decisión que Mirabaud justificó alegando discreción: «La única razón por la que se decide mantener la confidencialidad en el si el banco del nombre de este beneficiario era la siguiente: se trataba de evitar una dispersión demasiado amplia entre los empleados con la intención de mantener la discreción».
El secretismo existente llevó el fiscal suizo a preguntar al presidente del banco si algún miembro del Consejo de Asociados puso en duda la legalidad de la donación que recibió Juan Carlos I de Arabia Saudí, y Mirabaud respondió que no: «No recuerdo que hayamos pedido información a los asesores jurídicos para saber si su condición de rey de España le permitía recibir estos fondos». Aunque la investigación sigue en curso, el fiscal Bertossa ya ha podido acreditar que ningún responsable ni miembro del banco exigió ni recomendó que se declararan a la Hacienda española los 65 millones de euros.
