Los ‘profetas del procés’ viajaron por todo el mundo para difundir la buena nueva independentista

El Tribunal de Cuentas les reclama que devuelvan el dinero gastado en estos viajes

El Tribunal de Cuentas pide un total de 5.422.879,48 euros a 34 acusados de malbaratar recursos públicos mediante la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Pero no todos han de responder de la misma cantidad. Albert Royo es el alto cargo que más ha de afianzar los gastos relacionados con su etapa como secretario general del Diplocat, entre 2013 y 2016: ha de poner más de 3,8 millones de euros, ya que el Diplocat era el organismo que soportaba una mayor actividad en las relaciones exteriores.

“El Tribunal de Cuentas se olvida de que el Diplocat es un órgano colegiado, en el que hay 40 instituciones y el pleno aprobaba cada año la memoria y el presupuesto -denunciaba Royo en un acto de la Caixa de Solidaritat-. Nosotros, lo que hacíamos eran actividades académicas sobre la presencia de Cataluña en el mundo, temas sobre la internacionalización de Cataluña y siempre con mucha diversidad de opiniones, tanto técnicas como políticas. También programábamos visitas de periodistas para que descubriesen Cataluña y siempre se reunían con representantes de todos los partidos políticos del arco parlamentario”.

El ex-responsable del Diplocat subrayaba que “muchas de las visitas que hacíamos eran sectoriales y no tocábamos la política. Y prestábamos especial atención a las visitas de ‘buenas prácticas’ en los países de nuestro entorno. Por otro lado, ayudábamos a entidades a que pudiesen asistir a encuentros internacionales de las redes con las que estaban trabajando o con las que tenían relaciones. El Tribunal considera que todo esto es ilegal, pero es respetuoso tanto con los estatutos del Diplocat como con el Estatut de Cataluña. Lo que busca el Tribunal es asustar e impedir que Cataluña haga política exterior, cuando a otras autonomías se les permite”.

Al Diplocat el Tribunal de Cuentas le reclama la devolución de 25 actividades relacionadas con el “procés”, en las que gastó más de 112.000 euros y cientos de miles de euros en desplazamientos. En la organización de una conferencia en el Parlamento de Dinamarca el 12 de mayo de 2015, la entidad de la diplomacia catalana se gastó 3.171 euros; y un viaje de Royo a Dublín el 28 de mayo de ese año costó 9.823 euros; unos días más tarde, otro acto en Irlanda costó 8.509 euros. Una comparecencia de Royo en el Parlamento de Uruguay el 26 de agosto de 2015 provocó gastos por 6.638 euros. Una comparecencia del alto cargo en el Parlamento belga y otra posterior en el Parlamento de Suecia costaron 10.163 euros. Y otra visita al Parlamento de Estonia en junio de 2016 provocó gastos de 5.215 euros. También un viaje a Finlandia para hablar del “procés” y la hoja de ruta del Govern costó 3.832 euros. En noviembre de 2016, una conferencia en Denver supuso un gasto de 4.570 euros; otro viaje a Berlín en diciembre de ese año, 4.104 euros; un viaje de Royo a Uruguay en marzo de 2017 provocó un gasto de 5.217 euros y la organización del festival político danés Folkemodet en junio de 2017 se tradujo en una factura de 11.532 euros. También la participación en el festival Almedalsveckan (Suecia), coorganizado por Diplocat, costó a las arcas públicas 12.314 euros.

Viajes por medio mundo, packs de viajes a 3.000, 4.000 o 5.000 euros eran habituales en el periplo de explicar internacionalmente lo que pretendía Cataluña el 1 de octubre de 2017 (y, con anterioridad, lo que pretendía el 9 de noviembre de 2014). Un debate en Osaka (Japón) organizado por Diplocat el 18 de marzo de 2014 para “tratar sobre el proceso político catalán y el derecho a la autodeterminación de Cataluña” costó 8.720 euros. Una jornada en Tokio el 20 de marzo de ese año, otros 5.548 euros. El 7 de abril, en Utrech, tuvo lugar otra jornada sobre el caso catalán (11.132 euros); uno más específico sobre la consulta catalana el 10 de abril en Santiago de Compostela, 7.045 euros; otro en Oslo el 6 de junio, 7.592 euros. Y así un reguero de actos: Amsterdam (6.074 euros), París (9.781 euros), Reykjavik (6.672 euros), Berlín (8.245 euros), Roma (5.733 euros), Viena (4.784 euros), New Jersey (12.224 euros), Dublín (10.342 euros), Argentina y Uruguay (6.944 euros), Praga (5.076 euros), Cambridge (4.239 euros), Luxemburgo (11.367 euros), Estocolmo (21.250 euros en una ocasión, 9.005 euros en otra), Kobe (17.660 euros)…era una auténtica hemorragia de gastos, en su mayor parte para aportar argumentos a favor de la celebración de un referéndum de independencia.

Cómo cautivar a los extranjeros

El Tribunal de Cuentas también considera mal gastados 133.582 euros por siete actuaciones, entre las que hubo un viaje de técnicos catalanes para hacer de observadores en las elecciones de Costa Rica de 2014, a donde fueron con representantes del Ayuntamiento de Barcelona (19.636 euros), la asistencia como observadores a las elecciones de Macedonia o el despliegue de una misión de Observación electoral internacional pedida por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (46.064 euros).

Tampoco son ajustados a derecho más de 543.000 euros destinados a 32 actividades de los programas de visitantes internacionales, que consisten en invitar a personalidades y líderes de opinión de otros países a visitar Cataluña con todos los gastos pagados. La seducción a los extranjeros no fue todo lo efectiva que se pretendía. Los posibles aliados se pudieron haber quedado cautivados, pero ahora llega la hora de pasar cuentas con auditores del Tribunal de Cuentas, que no son como la intervención de la Generalitat: en esas partidas se engloban los gastos que generaron los observadores internacionales para el 9-N, para las elecciones del 27 de septiembre del 2015 (que habrían de ser plebiscitarias), así como grupos de periodistas y políticos de varias nacionalidades: desde una decena de diputados polacos a siete jóvenes políticos de habla alemana, pasando por ocho diputados estonios, cinco diputados uruguayos, cinco diputados del Mercosur, una delegación de diputados europeos para el 1-O que costó 64.654 euros o la estancia intermitente de 14 “académicos” entre julio y septiembre de 2017, que costó al Diplocat 206.371 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, además, el Diplocat elaboró numerosos informes y documentos con argumentarios sobre la independencia y los procedimientos para alcanzarla, que costaron 105.833 euros a las arcas públicas. En total, se recopilaron 50 de estos documentos.


Mas y Mas-Colell, al unísono

A Mireia Vidal, ex-interventora de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas le reclama más de 3,3 millones de euros. Por sus manos deberían pasar los permisos para los gastos de la Administración. El siguiente en la lista es el ex-consejero de Presidencia, Francesc Homs, a quien reclaman más de 3,1 millones de euros. De él dependía la estrategia de la acción exterior y fue quien contrató a importantes think tanks, como Independent Diplomat, para buscar aliados al proceso de independencia en el plano internacional. A Homs se le reclaman, entre otras cosas, 37.870 euros por 15 viajes internacionales “sin perjuicio de que en muchos de los otros se carezca de información detallada sobre los actos efectivamente desarrollados”.

Para el ex-president Artur Mas y el ex-consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, el Tribunal de Cuentas exige fianzas de 2.950.980 euros. El primero, por sus viajes tanto a Europa como a Estados Unidos buscando apoyos al “procés”. El segundo, porque era el hombre que firmaba los cheques de los gastos, ya que era el consejero del ramo, además de achacarle 68.427 euros en 21 viajes internacionales.

A continuación, se sitúa Raül Romeva, que mantuvo una frenética actividad exterior mientras era consejero de Exteriores entre 2016 y 2017: el Tribunal le reclama más de 2,2 millones de euros. En viajes, el Tribunal detectó 46 desplazamientos del consejero de Exteriores con un coste de 79.608,88 euros. Y, a continuación, se sitúan el ex-presidente Carles Puigdemont y el ex-vicepresidente Oriol Junqueras, para quien demandan fianzas por 2.085.976 euros. A otra interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, la petición es de más de 1,9 millones de euros.

A Carles Puigdemont, por ejemplo, se le reclama, junto a Albert Royo, 69.926 euros por una jornada con una conferencia de un sociólogo y economista, organizada por Diplocat, el ayuntamiento de Sant Cugat y la Diputación de Barcelona el 21 de septiembre de 2016. “Durante la clausura, el presidente de la Generalitat subrayó que Cataluña se encentra inmersa actualmente en un ‘doble proceso de transición: la nacional y la que tiene que hacer para que el país sea más sostenible’, ambas indisociables. Por su parte, el secretario general del Diplocat destacó que el ponente es una de las máximas autoridades mundiales en el ámbito de la economía verde y la sostenibilidad, y que sus aportaciones son del máximo interés en un momento en que se está definiendo cómo ha de ser la ‘Cataluña del futuro’”, dice el informe.

También hay otro detalle que sacan a colación: hay algunos de los gastos recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas que hace referencia a partidas relacionadas con el 9-N o con el 1-O que han sido juzgadas, sentenciadas y, en algunos casos, abonadas, por lo que no se les puede volver a reclamar. “Pero el Tribunal de Cuentas es un organismo perverso: primero dice que pagues o te embarga. Que tengas o no razón no importa”, se quejan los afectados.

*Puedes leer el reportaje íntegro en la edición de esta semana de EL TRIANGLE que está en los quioscos

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