La investigación sobre las actividades de la “diplomacia catalana” durante el proceso independentista (2013-17) depara sorpresas curiosas. La Fiscalía, el juzgado n. 18 de Barcelona y el Tribunal de Cuentas han puesto la lupa sobre el departamento de Exteriores de la Generalitat y el Diplocat y han descubierto, por ejemplo, que los independentistas llegaron a contactar con la OTAN. De momento, hay 10 ex-altos cargos del Gobierno imputados judicialmente en este sumario y otros afrontan fuertes multas.
El informe del Tribunal de Cuentas relata que la entidad norteamericana Independent Diplomat (a la que el Diplocat le pagó 1.392.300 euros y la delegación de la Generalitat en Washington otros 92.843,61 euros más), logró, en septiembre del 2013, que el secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat se entrevistase con un asistente adjunto de un subsecretario general de la OTAN, “lo que no resulta obviamente incluido en el ámbito competencial autonómico y puede conceptuarse como realizado con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España”.
A finales de aquel año, Independent Diplomat preparó reuniones “con miembros de gobiernos y parlamentarios extranjeros, preparó artículos y conferencias para el presidente de la Generalitat y los consejeros, elaboró listas de miembros de miembros del Parlamento de la UE y de los parlamentos de los estados miembros y de algunos miembros de la Cámara de los Lores, así como de periodistas”, con el objetivo de “obtener apoyos para la denominada vía catalana a la autodeterminación, el derecho a decidir del pueblo catalán y el referéndum”.
Esa entidad también auspició debates organizados por el Diplocat sobre el derecho a decidir en Cracovia, Estocolmo, Tel Aviv y Ramala entre 2015 y 2017. Además, promovió debates en Francia y preparó artículos para la web Catalonia Votes. Todo ello, argumenta el Tribunal de Cuentas, “resulta anómalo tanto respecto de las funciones del Diplocat como en relación con los fines y objetivos de la contratación realizada, entendida en el seno de la legislación vigente”.
Entre las actuaciones que están bajo sospecha (y que sí investigará el juzgado número 18 de instrucción de Barcelona) se encuentra la contratación en Bruselas de un espacio de coworking entre los meses de mayo y noviembre de 2017. Su utilización parece estar vinculada con el referéndum y destinada a trabajar en ese evento. La oficina, que costó 13.352,07 euros, fue contratada por Albert Royo (foto), entonces secretario general del Diplocat.
*Puede leer el texto íntegro de este reportaje en la edición de esta semana de la revista EL TRIANGLE
