La jueza que llevaba el caso de una presunta trama de facturas falsas en la cual estaban implicados la exdirigente de CDC, David Madí, el productor audiovisual Oriol Carbó y el empresario Juan Manuel Parra, ha decidido enviar el caso a la Audiencia Nacional al considerar que tiene que ser una pieza derivada del caso 3% en el cual se investiga el supuesto pago de comisiones en Convergència Democràtica.
Según el acto judicial, al cual ha tenido acceso El Periódico, el caso de las supuestas facturas falsas se incluirá en el proceso denominado Triacom, nombre de la productora que habría centralizado la emisión de facturas por servicios no prestados con el objetivo de llenar las arcas de la desaparecida Convergència.
La fiscalía había pedido la inclusión del caso de las facturas falsas que salpiquen a Madí al caso del 3%, y la jueza ha decidido aceptar esta petición. De hecho, en el acta judicial la magistrada dice que los hechos de la trama de las facturas «no solo son conexos, sino que son los mismos» que los que lleva la Audiencia Nacional. La jueza argumenta que el proceso que tramita busca esclarecer la emisión de facturas simuladas por parte de unas sociedades de Juan Manuel Parra, el cual ya fue condenado por el caso Palau, a la compañía Triacom por «servicios no prestados». Se da la circunstancia que algunas de estas facturas se encuentran en la causa de la Audiencia Nacional.
La fiscalía pedía dos años de prisión para David Madí de haberse celebrado el juicio que tenía que empezar este viernes en Barcelona. En cuanto al empresario Juan Manuel Parra, proveedor habitual de CDC, el julio de 2019 envió un escrito zl juzgado en el cual confesaba haber cobrado trabajos realizados a CDC a través de Triacom, productora de El gran dictat. De hecho, también entregó una grabación de una conversación que mantuvo en 2011 en la sede de CDC de Barcelona con Germà Gordó, entonces secretario del gobierno de la Generalitat e imputado por el caso 3%.
