El gobierno español tiene prevista la implantación de un sistema de pago por uso en las autovías, que se podría empezar a aplicar a partir del 2024, según plantea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha remitido a Bruselas. El documento asegura que antes buscará el acuerdo social y político para avanzar hacia el modelo «de usuario pagador» y bajo el principio «quien contamina paga».
El gobierno español resalta que el Estado tiene una red de 26.466 kilómetros, de los que unos 12.000 pertenecen a carreteras de alta capacidad, con unos gastos de conservación «crecientes» y que «no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios», apunta el documento.
Asimismo el plan admite que esto «está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial».
El gobierno tiene previsto indemnizar Abertis con 1.291 millones de euros cuando finalice la concesión del tramo de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera, una cantidad que impactará en el déficit público del Estado.
El conflicto tiene su origen en 2006 cuando la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un acuerdo con la concesionaria para que hiciera obras de ampliación de estas vías a cargo del aumento de tráfico estimado y sin repercutir el coste en el precio de los peajes. A cambio, la empresa podía ser compensada si no se alcanzaba el tráfico de vehículos esperado.
