Definitivamente, todo el aparato político independentista ha sacado la artillería y los tanques a la calle para convertir a Joan Laporta en el nuevo presidente del FC Barcelona. La caída en picado de Víctor Font ha propiciado que también con una claridad meridiana las elecciones vuelvan a convertirse como en 2010 y 2015 en una especie de batalla de fondo histórica entre laportismo ‘sí’ o laportismo ‘no’. En este caso, ajustando el duelo entre Joan Laporta y el candidato que, ahora mismo, llega en un estado de efervescencia y de crecida como es Toni Freixa.
Una remontada que, como el equipo de Koeman, puede ser histórica, tanto como la caída en picado y definitiva de Víctor Font, que además se ha llevado otro disgusto de los suyos cuando ha sabido que también Jordi Cruyff se ha pasado a las filas de Laporta. Y eso sin que por ahora Xavi Hernández se haya movido de ese silencio ampliamente interpretable porque ni confirma su vínculo con Font ni tampoco lo contrario. El propio Toni Freixa ha manifestado, contra la insistencia de Font, que Xavi no desea ser mánager sino entrenar sin que tampoco Xavi lo haya desmentido.
Font se ha quedado solo definitivamente y sus votantes, más allá de sus seguidores leales, están buscando una opción de voto entre los otros dos. La circunstancia que Freixa se haya convertido en una amenaza era impensable para su equipo de campaña y aún menos para el aparato político soberanista en general que, cuando se trata de controlar el Barça, se pone de acuerdo enseguida.
El fin de semana pasado se adoptaron medidas descaradamente a favor de Laporta. Por un lado, el Govern envió a sus consellers y epidemiólogos a cursar una orden de prohibición explícita de ir a votar este próximo domingo a los socios del FC Barcelona fuera del ámbito de sus respectivas comarcas. Una orden que pretende, como voceó TV3 durante horas, amedrentar a los socios de más edad del Barça para se queden en su casa y desistan de votar.
Básicamente, por ejemplo, supone que Víctor Font, residente en Granollers no debería ir al Camp Nou ni a votar este día 7 de marzo. Una prohibición absurda y sin sentido teniendo en cuenta que la Generalitat, en el espíritu de la norma, le ha afinado a Laporta una interpretación extrema y rigurosa cuando se trata de evitar actividades de ocio, gastronómicas y un largo etcétera de situaciones que nada tienen que ver con ejercer el derecho a voto de los socios del FC Barcelona.
La decisión aún resiste menos la comparación con el 1 de noviembre pasado cuando, ante el voto de censura contra Joan Maria Bartomeu, con confinamiento municipal, la Generalitat autorizó su celebración y dejó muy claro que, para nada, los socios del FC Barcelona estaban sujetos a ninguna restricción por tratarse de un club privado. Las indicadores de la pandemia eran el doble de riesgo y las propia Generalitat había pedido al Gobierno central la declaración del estado de alarma. No se puede ser más ridículo.
Por otro lado, en cuanto al Barçagate, desde el eje Plaça de Sant Jaume-Waterloo se actuó para acelerar el levantamiento del secreto de sumario del caso, el que la jueza había anunciado para el 11 de marzo precisamente, con la intención de no interferir en las elecciones, como resultado de una compulsión de los Mossos.
La policía del Govern puesta al servicio de la victoria de Laporta se llevó al calabozo a Joan Maria Bartomeu sólo para forzar la comparecencia ante la jueza, una diligencia para la que bastaba una llamada telefónica. La urgencia sólo pretendía recordar lo “malo” que ha sido Bartomeu porque el voto de castigo en su contra era el que alimentaba el plus de votantes a favor de Laporta.
Pero cuidado con las reacciones, porque también miles de socios del Barça han percibido en estas actuaciones la mano de la política, de ese entorno cuya voracidad por controlar el club puede tener un efecto contrario.
