A las últimas horas de la campaña y a las puertas de una trascendental jornada electoral, los vetos cruzados y las líneas rojas marcadas por todos los partidos y coaliciones constatan la complejidad de la política catalana postprocés. La fragmentación del escenario, con tres rivales roce muy cerca según apuntan la mayoría de las encuestas conocidas, dibuja un rompecabezas polarizado de complicada gestión. De hecho, el espantajo de una posible repetición electoral, de la cual públicamente nadie quiere hablar, está sobre la tabla de los cuarteles generales de las formaciones políticas. Nadie en estos momentos se atreve a descartar completamente una posibilidad que constataría, según los partidos consultados, un nuevo fracaso de la política, pero que podría evitar un nuevo gobierno nacido con debilidad parlamentaria.
Sea como fuere, la campaña electoral, marcada por la pandemia, ha evidenciado que las miradas se centran en el día siguiente de los comicios. Las elecciones del 14-F se leen como el primer asalto de un largo combate que tendrá más capítulos. El resultado de las elecciones mesurará las fuerzas para las negociaciones posteriores. La mayoría absoluta en el Parlament se sitúa en los 68 escaños, cifra que permite investir un presidente fuerte en la primera votación. En estos momentos ningún partido se acerca mínimamente en solitario a este objetivo. La estabilidad de los 68 parlamentarios, con las encuestas delante, necesitaría tres fuerzas políticas.
Por otro lado, cualquier alternativa de mayoría simple abocaría el ejecutivo a tensiones y dificultades para articular mayorías sólidas. Las dos posibilidades más realistas para cerrar pactos postelectorales pasan por una reedición de la mayoría independentista o por una apuesta de un tripartito de izquierdas. La primera opción soberanista sería un nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat), con apoyos externos de la CUP o incluso de los comunes, que fueron claves en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. En este caso, republicanos y postconvergentes luchan para liderar el Gobierno como partido más votado. El escenario de un pacto soberanista tambalea si tenemos en cuenta la debilidad del actual Gobierno y los reproches que se han intercambiado los dos socios durante la legislatura. Además, los ataques que se han tirado durante la campaña, incluso enredándose con debates sobre los presos, complican la reedición del pacto. Dentro de ERC conviven los reticentes en el acuerdo y los que defienden que se puede reconducir la relación con el partido del expresidente Carles Puigdemont siempre que los republicanos lideren el nuevo Gobierno.
La presencia del tándem Laura Borràs i Joan Canadell al frente de Junts, que optan por la confrontación con el Estado, no ayuda a crear espacios de confianza entre las dos fuerces independentistas. Los comunes tampoco parecen dispuestos a llegar a acuerdos con los postconvergentes, a quienes consideran demasiado escorados a la derecha. Y desde la CUP se ha apuntado que no investirán una candidata investigada por presunta corrupción, en referencia a Laura Borràs.
La irrupción del candidato socialista, Salvador Illa, ha dado alas a un posible tripartido de izquierdas que sumaría los socialistas, los republicanos y los comunes. La posibilidad aritmética está sobre la mesa, pero si se tiene en cuenta que los partidos independentistas se han comprometido a no llegar a ningún acuerdo de gobierno con el PSC después de las elecciones de domingo, un posible acuerdo de Esquerra y el PSC a estas alturas se hace difícil, por no decir imposible. Además, ambas fuerzas políticas se han tirado vetos cruzados y se han declarado incompatibles. Algunos miembros de la dirección del PSOE incluso tememos que la campaña pase factura a las relaciones con los republicanos en el Congreso de los Diputados. Para apaciguar los ánimos, desde el Gobierno central se han relativizado los rifirrafes y se ha recordado que durante las campañas se acostumbran a utilizar estrategias que quedan aparcadas después de los comicios.
