El Ministerio Fiscal acaba de oponerse a la concesión de cualquier clase de indulto a los condenados por el proceso. Acertada decisión. Hace unos días, El País hizo una entrevista al magistrado jubilado Martín Pallín por haber publicado un libro sobre el proceso, titulado El gobierno de las togas. El titular de esta entrevista era que los condenados por los delitos de sedición y otras conductas delictivas, «no habían cometido ningún delito». Así de contundente.
Es evidente que sólo se puede hacer esta afirmación desde una cierta ignorancia del proceso independentista desde sus orígenes, en 2013, hasta octubre de 2017. No es este el momento de desautorizar profundamente su desacertada valoración. Pero sí de recordar, por ejemplo, el editorial de El País del 7 de abril de 2018, encabezado con este título: «Proceso i legal y violento». En el editorial se hacía, entre otras consideraciones, el siguiente análisis: «Independientemente de su calificación judicial, el proceso tuvo un carácter violento: hubo usos indebidos y exorbitantes de la fuerza, obstrucción física de la justicia, destrucción de vehículos policiales, ocupación ilegal de carreteras, obstaculización de vías férreas, intimidaciones y escraches contra personas, violencia sobre objetos de la calle… y sobre todo, fue un proceso presidido por la coacción, para intentar imponer a la ciudadanía una secesión unilateral, i legal y obligatoria». Proceso que, además de los hechos acreditados en la sentencia condenatoria, el referido magistrado parece ignorar, lo que resulta sorprendente, ya que fueron conductas el encaje de las cuales en el Código Penal era evidente, y no sólo como delito de sedición, sino en el más grave de rebelión.
Pero parece que este juez desconoce la realidad evidente del proceso independentista o su obligado encaje en el Código Penal. Este proceso, como ya expuse en mi obra que la analizaba, tuvo desde su origen «una deriva autoritaria, derechista y xenófoba». En cualquier caso, a estas alturas de aquel proceso resulta insólito mantener esta posición, a menos que este magistrado esté especialmente interesado en la supuesta pretensión, absolutamente improcedente, de la concesión de los pretendidos indultos.
Además, hay un dato objetivo que algunos pretenden ignorar. Y recurro nuevamente a un medio de comunicación de evidente objetividad, La Vanguardia. Precisamente, sobre la respuesta penal del Poder Judicial ante las conductas de los dirigentes del independentismo, el 07/08/2019 titulaba: «El alto coste penal del proceso: 42 altos cargos ante la justicia». Posteriormente, el 01/29/2020, otra noticia afirmaba: «Los procesos del proceso: más de 70 casos sobre la mesa». Se refería a la dificultad de «desjudicializar el proceso», lo que resulta más que evidente.
Todo ello expresa que el secesionismo no se puede construir, de ninguna manera, prescindiendo de uno de los fundamentos del Estado democrático, como es el poder judicial, jueces y fiscales. A pesar del perfil autoritario y antidemocrático con que ya planteaba la supuesta República catalana la ley 19/2017, de tristísima memoria. Además, Catalunya no se puede reducir -en palabras de la analista Marlene Wind– a los que aspiran a esta independencia, constituidos en una tribu ajena a los principios democráticos y, particularmente, excluyendo el apoyo y la defensa de los derechos humanos que son los jueces y fiscales. Deberían releer sin descanso Montesquieu. Y, ¿por qué no?, también a Alexis de Tocqueville, que los calificaba de «guardianes de la libertad».
Afortunadamente hay analistas que descalifican el secesionismo, como la mencionada Wind, que lo califica como «el fantasma catalán», en el contexto del proceso de tribalización de Europa. Se empiezan a respirar otros aires. Como aquella moción del PSC en el Parlament, en noviembre de 2019, en que se aprobó la renuncia a «cualquier iniciativa unilateral». Pero el futuro aún es incierto, cuando los independentistas aún sugieren iniciativas totalmente surrealistas y condenadas al más estrepitoso fracaso, como el denominado Consell de la República.
Concluyo con las palabras de Antoni Gutiérrez Díaz: «La Catalunya de hoy es la Catalunya de todos y no dejaremos que nos la quiten aquellos que con nacionalismos extremos y provocadores quieren utilizar la bandera para ocultar sus intereses de clase…».
