Por la pasividad sospechosa del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía Anticorrupción. Da la impresión de que al Rey emérito se le está dando tiempo para «regularizar» su deuda tributaria con el Estado, que se calcula en 500.000 euros. Juan Carlos de Borbón ha perdido la inviolabilidad tras su abdicación, según lo determinado por el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La jefa de la unidad central de coordinación en materia de delitos contra la Hacienda Pública de la Agencia Estatal de Administración Tributaria es Caridad Gómez Mourelo. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de dar a conocer el fraude al Ministerio Público.
El marido de Gómez Mourelo es Miguel Angel Sánchez,ex jefe de gabinete de Rodrigo Rato, que ahora es abogado del despacho Hogan Lovell, una firma internacional con sedes en todo el mundo. Es el jefe de la sección de impuestos de ese despacho.
El artículo 305.4 del Código Penal establece que la Administración y el Ministerio Fiscal están obligados a actuar, pero, si no lo hacen, el defraudador puede «regularizar» su deuda y quedar exento de responsabilidad penal. Tal y como van las cosas, parece que va a repetirse con Juan Carlos de Borbón el mismo trato de favor que recibieron Jordi Pujol y su familia.
