El contenido de las intervenciones telefónicas intervenidas a los organizadores del 1-O confirma que Elsa Artadi, mano derecha de Carles Puigdemont y una de las mejor colocadas para sucederlo al frente de la Generalitat, estaba atenta a los planes de desconexión del Gobierno y participó en decisiones clave.
Tres conversaciones realizadas sólo unas semanas antes del referéndum implican a la actual portavoz de JxCAT en el diseño del lanzamiento de la Administración Tributaria de Cataluña (ATC) como estructura de Estado y la sitúan como promotora de la colaboración de los ayuntamientos en la cesión de espacios para la consulta.
La primera llamada que incrimina Artadi se produjo el pasado 31 de agosto a las 19.40. La actual diputada en el Parlamento telefoneó a Josep Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda del Gobierno y uno de los más estrechos colaboradores de Oriol Junqueras, para pactar la presentación de la ATC, que se iba a producir cuatro días después e iba a contar con la presencia de Puigdemont. Artadi quería cerrar el contenido del discurso que iba a ofrecer el expresidente para celebrar la entrada en funcionamiento de una entidad decisiva en la estrategia de ruptura.
Según la Guardia Civil, esta conversa evidencia la participación de la jefa de campaña de JxCAT en el proceso de construcción de las «estructuras de la república catalana», pero hay otras dos que también complican su futuro judicial.
Se produjeron la noche del 6 de septiembre, minutos después de que el Parlamento aprobara la ley del referéndum de autodeterminación, contra el criterio de los mismos letrados de la cámara autonómica y a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional.
A las 23.36, coincidiendo con la firma solemne del decreto de convocatoria del 1-O, la mano derecha de Puigdemont llamó a otro cargo de la máxima confianza de Junqueras, Josep Maria Jové, ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat y considerado por la Guardia Civil uno de los cerebros del ‘Proceso’.
Artadi le dijo a Jové que había hablado con Jordi Turull -ex consejero de Presidencia- y que este último le había dicho que fuera él quien decidiera cuando tenía que publicarse el decreto, si el mismo día 6 o ya el 7.
Tres minutos después, a las 23.39, Artadi telefoneó de nuevo a Jové y le explicó que, después de hacer varias gestiones, había conseguido que la ley saliera publicada con fecha de 6 de septiembre.
Estas tres llamadas han llevado a la Guardia Civil a incluir a Artadi en una lista de 32 personas de «interés para la investigación», junto a los mismos Salvadó y Jové y otros altos cargos del Gobierno y de organismos decisivos como el Centro de Telecomunicaciones y tecnologías de la Información (CTTI).
