El Ministerio de Hacienda ha denunciado el gobierno catalán cesado, a la Asamblea Nacional de Cataluña y a Òmnium Cultural por los gastos hechos por el referéndum del 1 de octubre.
Hacienda quiere que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tome las «medidas contra el Gobierno de Cataluña y los responsables de las asociaciones identificadas que permitan aclarar las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y, si procede, integración en el patrimonio público, de los medios materiales necesarios para la organización y celebración del referéndum».
La denuncia ha sido puesta por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que pide que se investigue la utilización de recursos públicos «para su organización y/o promoción por parte de entidades de naturaleza privada que han participado en la organización y promoción del llamado referéndum del 1 de octubre».
Fernández de Moya reclama que se identifique a los miembros cesados del gobierno de Carles Puigdemont cómo «responsables de los daños causados al erario público».
El ministerio de Cristóbal Montoro pide que se aporten los datos que hay en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la causa que investiga la presunta malversación de caudales públicos, y afirma que «sería procedente reclamar del mismo las actuaciones practicadas para delimitar los daños y las personas responsables y fijarse así en eventual importe de las indemnizaciones».
En relación con las entidades Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Hacienda dice que «se solicita a efectos de que se pueda determinar la eventual responsabilidad que corresponda, que se insta a las mismas a efectos de que definan la financiación que reciben con origen público y el destino utilizado con la misma».
