Más de la mitad de los consejeros del gobierno de la Generalitat que destituyó el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, han llegado este jueves a la Audiencia Nacional, donde tienen que prestar declaración ante la magistrada Carmen Lamela por la presunta implicación de todos ellos en la comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Se trata de Oriol Junqueras (vicepresidente económico), Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Jordi Turull (Presidencia), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento).
Vila, que ya se ha promocionado como próximo candidato del PDECat a presidir la Generalitat, abandonó el ejecutivo la víspera de que se votara en el Parlamento catalán instar el gobierno de la Generalitat a poner en marcha el proceso constituyente y aplicar la ley de transitoriedad y que el Senado aprobara la aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre las instituciones catalanas. Ha llegado separado del resto a la Audiencia Nacional. Forn y Borràs, por su parte, habían comparecido con el ex-presidente Carles Puigdemont en Bruselas el pasado martes.
En cambio, han ignorado la citación los miembros del gobierno cesado que supuestamente permanecen en Bélgica en estos momentos: además de Puigdemont, los ex-consejeros Toni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Educación), Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) y Lluís Puig (Cultura).
Busca y captura
Fuentes jurídicas citadas por la Cadena SER señalan que la magistrada Lamela puede reaccionar a la ausencia de Puigdemont y estos consejeros, previa petición de la Fiscalía, redactando una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión y remitiendo una orden de detención europea a las autoridades belgas. Según la misma información, los Mossos d’Esquadra no habían podido notificar la citación para comparecer en la Audiencia Nacional a estos cinco miembros del ejecutivo.
Los miembros de Mesa, al Supremo
También a primera hora de la mañana, pero en el Tribunal Supremo, han llegado para declarar los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña acusados por la Fiscalía de los mismos delitos que los miembros del gobierno: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y la presidenta de la cámara, Carme Forcadell. La Fiscalía les atribuye la promoción de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre mediante la omisión de resoluciones judiciales y el llamamiento a la población a presentarse masivamente en los puntos de votación. A diferencia del caso de los miembros del govern en la Audiencia, el Supremo ha decidido aplazar la declaración de los integrantes de la Mesa: tendrá lugar el próximo jueves, día 9.
