Sigo pensando que los referendos son una buena manera de resolver conflictos (y aquí podría terminar la reflexión…). Visto lo llovido, la afirmación o la insistencia en el pensamiento, debe tener su gracia. Sigo creyendo, a pesar de los sonoros ridículos (*), en el derecho de autodeterminación. Un derecho que, según el PP, parece haber inventado anteayer, deprisa y mal, el independentismo catalán, y que, como máximo, recogen constituciones ‘de chicha y nabo’ como la de Etiopía (los populares pronuncian el nombre de la república africana con un insólito e irrespetuoso desprecio).
Empecemos por el principio. Al margen de la resolución 1514 sobre el derecho de autodeterminación que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960, es cierto que en la inmensa mayoría de los estados no se ha reconocido el derecho de una parte del país a decidir el futuro de forma expresa. Sin embargo, hay precedentes donde su derecho constitucional ha reconocido este derecho internacional de forma más o menos explícita.
El de Etiopía, que usan y del que abusan los populares, es un ejemplo. Su Constitución dice: «Toda nación, nacionalidad o pueblo en Etiopía posee un incondicional derecho a la autodeterminación, el cual incluye un derecho a la secesión» (Art. 39.1). Además, la misma carta magna establece los mecanismos que se deben seguir para alcanzar la ruptura, entre ellos la aprobación por dos tercios del consejo del pueblo o nacionalidad de una demanda de secesión, la aprobación de la realización de un referéndum que deberá tener lugar en un plazo de tres años desde la petición, y la victoria de la independencia y la posterior transferencia de poderes por parte del gobierno central.
En elargumentario de los populares también figura, aunque con menos insistencia que el referente etíope, el ejemplo de las islas de Saint Christopher y Nevis. Se trata de un país miembro de la Commonwealth situado en las caribeñas Antillas dividido en dos islas: Saint Christopher, la más grande, y Nevis. Su Constitución, promulgada en 1983, estableció la posibilidad, para la isla de Nevis, de independizarse de Saint Christopher si así lo declaraban dos tercios de su cámara de representantes y votaba a favor otros dos tercios la población en un plebiscito posterior. A raíz de este artículo, en 1998 se realizó un referéndum de autodeterminación, posterior a la necesaria aprobación de la cámara isleña, que rondó el nada despreciable porcentaje del 62% de votos a favor. A pesar del resultado, este porcentaje no alcanzó los dos tercios necesarios.
Pero también encontraríamos más ejemplos de derecho a decidir. Uno de estos puede ser el de la Constitución de Serbia y Montenegrode 2003, creada bajo la supervisión de Naciones Unidas para sustituir a la anterior Yugoslavia, donde en su artículo 5.3 establece que «la frontera entre los Estados miembros es inalterable, salvo en caso de acuerdo mutuo». Bajo este amparo, poco después, el parlamento de Montenegro aprobó una ley de referendo en el que el objetivo principal era la independencia de esta parte del Estado. Las presiones internacionales, y especialmente de la Unión Europea, introdujeron requisitos para alcanzar el reconocimiento: Un porcentaje mínimo de participación del 50% que dotara de legitimidad el resultado, independientemente de que la victoria sea del «sí» o del «no», y un umbral mínimo de «síes» a la independencia que superara el 55%. La consulta se realizó en mayo de 2006, y en ella se alcanzó un porcentaje increíblemente alto de participación (86.49%) ganando el sí por un estrecho margen (55,5%, sólo 0,5% más del umbral mínimo necesario). El referéndum de Montenegro supuso su independencia de manera legal y reconocida por la comunidad internacional.
También podríamos hablar del caso de Quebec en Canadá o de Escocia en el Reino Unido, ejemplos más populares en el imaginario catalán.
*Ridícula y lamentable me parece la deriva judicial que está tomando el caso catalán donde, más allá de la guerra de legalidades, un fiscal reprobado por el Congreso ha iniciado una esperpéntica caza de brujas contra todo lo que le huele a referéndum; donde un gobierno, el español, se esconde detrás de justicia para tapar las vergüenzas de su incapacidad política; y donde, también, un gobierno catalán usa y abusa de un reglamento parlamentario desoyendo las minorías y a su propio cuerpo jurídico, y donde un presidente se atreve a invitar a los ciudadanos a encararse a sus alcaldes en caso de que, legítimamente, estos decidan no facilitar el referéndum.
Sigo creyendo en los referéndums, pero en los de verdad, eh?
