La utilización de un software pirata desde hace seis años le podría haber salido al Ayuntamiento de Barcelona por un ojo de la cara, concretamente por casi tres millones de euros en concepto de licencia, mantenimiento e intereses de demora si el caso hubiera acabado en los tribunales. A pesar de que la empresa propietaria del programa informático demandó al consistorio en 2013 por no haber pagado los correspondientes permisos de uso, el gobierno de Xavier Trias se hizo el sordo y no ha sido hasta ahora que se ha llegado a un acuerdo económico con la multinacional Novel y NetIQ para que el juicio previsto para el próximo 15 de noviembre no se llegue a celebrar. La decisión se ha tomado después de recibir un demoledor informe de la dirección de los servicios jurídicos municipales que concluye que la empresa tendría todas las de ganar si el asunto se resuelve en los tribunales.
El informe interno reconoce una deuda de casi 872.000 euros, que es la cantidad que se ha pactado con el demandante para resolver el litigio por la vía extrajudicial. El pirateo del sistema informático municipal empezó en 2011 bajo el gobierno del socialista Jordi Hereu cuando se amplió el parque informático municipal con la inclusión de nuevas áreas en el sistema. Según los cálculos de la empresa informática, su software se estaría utilizando de forma fraudulenta en unos 77.000 ordenadores municipales. Sorprendentemente, al principio nadie en el consistorio, empezando por los responsables del Instituto Municipal de la Informática (IMI), se dio cuenta del uso indebido del software y los intentos posteriores de llegar a un acuerdo económico cayeron en saco roto.
COLAU SE TRAGA EL SAPO
Junto con el reconocimiento del delito y de la deuda, que el gobierno de Ada Colau ha tenido que asumir a pesar de que es una herencia envenenada fruto de la desidia de los gobiernos municipales precedentes, se ha encargado una auditoría interna para evitar a partir de ahora «desajustes en la utilización de licencias y el crecimiento del parque informático administrativo«. La auditoría servirá también para poner las bases de un mayor autocontrol en la utilización futura de las licencias informáticas en el engranaje administrativo, sobre todo en un momento en que el consistorio barcelonés estudia remunicipalizar algunos servicios públicos, como la limpieza o la gestión energética, y crear de nuevos, como el proyecto de la polémica funeraria municipal.
El escándalo por el pirateo del software municipal vuelve a poner en entredicho la gestión del controvertido ex-regidor Antoni Vives como máximo responsable del IMI durante el gobierno de CiU. De hecho, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) está investigando desde el mes de septiembre pasado las presuntas irregularidades detectadas en el instituto municipal entre los años 2014 y 2015, que tienen que ver con la existencia de una serie de facturas pendientes de pago, emitidas por diferentes proveedores por un valor total de 1,4 millones de euros.
La peculiaridad de las facturas es que estos importes no estaban reconocidos en el ejercicio correspondiente, respondían a acuerdos verbales y no contaban con el necesario procedimiento contractual, según constató la implacable Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas que dirige Joan Llinares.
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