Agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves por la mañana al presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, en una operación contra la trama del 3% que también se ha dirigido contra destacadas figuras de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y varios empresarios, y en cuyo marco se han efectuado más de una veintena de registros en domicilios y oficinas corporativas de Barcelona y de una decena de localidades más.
Se trata de la continuación de la operación emprendida en octubre de 2015, en cuyo transcurso se registró el despacho del tesorero convergente Andreu Viloca en busca de evidencias de la financiación ilegal del partido antecesor del PDEcat. También han sido detenidos este jueces Antoni Vives, ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias, y Francesc Sànchez, ex responsable de régimen interno y comunicación de CDC, hombre clave en la refundación del partido y muy cercano a Artur Mas. Cambra, amigo íntimo de Mas, ha quedado en libertad al concluir el registro de la Autoridad Portuaria de Barcelona. El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, también ha quedado en libertad tras el registro de su casa. Fue gerente del Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa de Trias.
En cuanto al resto de registros, agentes de la Guardia Civil han entrado en las instalaciones de Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA, del Ayuntamiento de Barcelona) y de Infraestructures.cat (de la Generalitat), señaladas por los investigadores porque, supuestamente, adjudicaron contratos públicos a cambio de comisiones pagadas como donaciones a las fundaciones de Convergència. Las sociedades adjudicatarias registradas son Copisa, Comsa, Oproler, Grupo Soler, Rogasa, Rubau Tarrés y Pasquina.
Entre los 18 arrestados que ha totalizado la llamada Operación Pika, algunos de los cuales han quedado en libertad, hay algunos que fueron detenidos en la operación de 2015 contra el 3%, como el ex tesorero de CDC Andreu Viloca, el ex director general de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell y el representante de la empresa Oproler José Manuel Bassols (que fue jefe de campaña del presidente Carles Puigdemont en las elecciones municipales del 2011). También han sido detenidos José Miarnau, el consejero delegado de Comsa, y Ángel Sánchez, director general de BIMSA desde los tiempos de Jordi Hereu como alcalde.
Proyectos bajo sospecha
Las actuaciones de este jueves muestran que la investigación sobre el 3% persigue el rastro de la trama no solo en las adjudicaciones de la Generalitat mediante Infraestructures.cat (antigua GISA), sino también en casi una veintena de obras licitadas por organismos públicos de la ciudad de Barcelona durante los años de Trias como alcalde, la única etapa de gobierno convergente en la capital catalana. Entre éstas, destaca la construcción del puerto de lujo Marina Port Vell, tras la cual había directivos de la petrolera rusa Lukoil, y, sobre todo, las obras del túnel de las Glòries, cifradas en 170 millones de euros y concedidas a una UTE formada por Comsa, Copisa y Rogasa, empresas salpicadas por los casos Pujol y 3%.
