Vivir en uno de los lugares del mundo con más turistas por metro cuadrado tiene sus inconvenientes. No es sólo tener que soportar todo el año los rebaños que caminan detrás de un paraguas con patas y se paran justo delante de tu puerta o invaden las aceras ya llenas de terrazas de bares y restaurantes para guiris. Ahora, los vecinos del barrio de Sagrada Familia también se han convertido en la moneda de cambio de la guerra abierta entre gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Barcelona.
La espiral de tensión política ha llegado a unos niveles tan elevados que dudo mucho que ni la ONU podría conseguir convencer a las partes afectadas de hacer una tregua por Navidad. El estrambótico pesebre de este año con minimalistas composiciones cerradas en bolas de plástico que parecen invernaderos galácticos tampoco ayuda mucho a firmar un armisticio, francamente.
A pesar de que los resentidos republicanos han decidido hacer la puñeta a Ada Colau hasta el último día de mandato desde la nueva sede que abrirán debajo de casa a finales de mes, son los convergentes –en plena guerra interna para escoger al substituto de Xavier Trias que les guiará en la larga travesía por el desierto- los verdaderos soplagaitas del bipartito. En el marco de este juego político donde todo vale, las fincas del entorno del templo de la Sagrada Familia recibieron hace unas semanas una hoja con el anagrama de CiU poniendo a parir al gobierno Colau. La misiva titulada El gobierno de Colau no da ninguna solución a los vecinos afectados por las obras de la Sagrada Familia y sin ninguna firma más allá del sello ha provocado malestar en la Asociación de Vecinos del barrio porque la coalición utiliza la entidad para atacar al gobierno municipal justo en el momento en que se ha puesto manos a la obra para que el templo cumpla la ley como el resto de mortales.
Dice la asociación vecinal que las medidas que CiU presume de haber conseguido cuando gobernaba Barcelona y que hacen referencia a las edificaciones afectadas por el proyecto de urbanización de los alrededores del templo de Gaudí y a los equipamientos, las zonas verdes y la movilidad del barrio, son papel mojado. De hecho, en época de Trias no se pudo acordar nada porque ni la Junta de la Sagrada Familia quiso oír hablar de pagar el desastre que supondrían las expropiaciones forzosas de esta operación urbanística ni el consistorio quiso poner las bases para modificar el Plan General Metropolitano (PGM). Además, hay que recordar que el lazo entre los convergentes y el templo viene de muy lejos y que el entonces regidor del distrito del Eixample, el poco demócrata y poco cristiano Gerard Ardanuy, no paró hasta romper el hilo del diálogo.
A diferencia de la versión manipulada de los convergentes que nos ha llegado a los buzones, la realidad es que los vecinos decidieron en la primavera del 2015 dar por acabadas las conversaciones con el equipo de Trias ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo y la asamblea de afectados lo ratificó el 15 de mayo. Como no puede haber ninguna agresión sin respuesta, la Asociación de Vecinos de Sagrada Familia ha respondido airada a la carta convergente y ha dejado claro que no quiere oir ni una palabra más de las obras. «Vista la actitud del Templo, la petición que hacemos a todos los grupos municipales es que aborden la modificación del PGM en este mandato sin ninguna avenida, sin ninguna expropiación y recuperando como zonas verdes los interiores de isla de las calles Valencia y Aragón», remarca. La lucha contra el turismo masivo y los derechos a la vivienda y a vivir en un barrio hecho a medida de sus vecinos son los tres únicos compromisos políticos que nos podemos permitir creer en el barrio ante tanto juego sucio.
