El ex consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, acaba de presentar una querella por amenazas y coacciones contra los antiguos altos cargos de la Policía y del Ministerio del Interior de España Marcelino Martín Blas y Celestino Barroso, a los que atribuye presiones para obtener datos bancarios de los Pujol.
Miquel, que se encuentra en prisión provisional acusado de blanqueo de capitales por el caso de la BPA, aceptó colaborar con Martín Blas y Barroso a cambio de 500.000 euros procedentes de fondos reservados, según la versión de José Villarejo, el comisario enfrentado a Martín Blas que está destapando la llamada operación Cataluña y que se ha mostrado dispuesto a ir a declarar a Andorra.
Este cobro, sin embargo, lo niegan fuentes cercanas a Miquel citadas por el diario digital andorrano Altaveu. Argumentan que no tiene sentido que este alto ejecutivo de la BPA se querellara contra las personas que, supuestamente, le habrían pagado por facilitar datos.
Miquel, sea como fuere, tenía que declarar el próximo lunes ante el juez Manuel Santolaria, a petición de los abogados de los hermanos Cierco, accionistas propietarios de la BPA, y de los abogados de los Pujol. Pero ahora ha pedido un aplazamiento de la comparecencia para declarar como querellante, publica Ara.
