El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVD), una unidad policial antiblanqueo adscrita a la Agencia Tributaria, pide a la jueza Pilar de Lara, instructora del caso Manga, que impute al consejero Felip Puig porque supuestamente habría actuado como «conseguidor» con la intención que la empresa GRS Arc Local obtuviera un contrato público del Ayuntamiento de Moià cuando estaba gobernado por el convergente Josep Montràs.
Según un informe del SVD filtrado por Diari de Girona, Felip Puig habría intermediado en favor del administrador de GRS Arc Local, Alexandre Ros Vall, para que consiguiera un contrato en 2009 para llevar a cabo las liquidaciones complementarias del catastro y del impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del Ayuntamiento de Moià. A pesar de tratarse de un contrato menor que por ley no puede exceder los 18.000 euros, GRS Arco Local facturó 40.374,99 euros.
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