Los representantes de agrupaciones de profesionales que velan por la salud han comparecido juntos este jueves ante los medios para alertar del impacto que generan los impagos de administraciones públicas como la Generalitat de Catalunya sobre servicios básicos de los ciudadanos y sobre los negocios de los sectores sanitario, farmacéutico y de la dependencia.
La patronal de la pequeña y mediana empresa PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Catalunya (CCFC), la Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (FEFAC), la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR) exigen responsabilidad y soluciones a los problemas que sufre la sanidad y coinciden en indicar que la situación es insostenible.
En este sentido, quieren que la administración pague sus deudas acumuladas y fije un calendario de liquidación para que, a su vez, ellos puedan asumir sus obligaciones en relación a terceros. Señalan que las Administraciones empujan a la salud hacia una situación de quiebra y abogan por proteger el derecho a la atención sanitaria, para que no se vea afectado por ningún contexto político.
Exigen el cumplimiento de los plazos de pago establecidos por la normativa, así como un nuevo sistema de financiación porque consideran «ineficiente» el actual, y que la Administración evite «espejismos contables» estableciendo presupuestos reales y evitando «la infrafinanciación crónica de la salud» que denuncian.
Jordi de Dalmases, presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Catalunya, ha recordado que sufren un problema «estructural, que se repite desde hace 4 años». La Generalitat de Catalunya debe 330 millones de euros a los farmacéuticos, la suma de las facturas de julio (121,5 millones de euros), agosto (100 millones) y septiembre (112,5 millones).
Cristina Contel, presidenta de ACES, señala que las entidades sanitarias y sociosanitarias sufren por una deuda acumulada «del 33% de la facturación del mes de junio y el 100% de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre», por lo que, explica, «hace más de cuatro meses que prestan servicios sanitarios a la ciudadanía pagando sus trabajadores». «Todo ello, sin cobrar», añade.
Antoni Torres, presidente de la FEFAC, por su parte, ha destacado que «el gasto público en medicamentos en Catalunya se ha reducido un 27% en los últimos cinco años» y el presupuesto en Salud, en el mismo periodo, ha menguado en 1.110 millones.
El presidente de FETOR, Santiago Maza, ha denunciado que los recortes a las prestaciones de productos ortopédicos que prevé aplicar el Ministerio de Sanidad hacen peligrar la viabilidad económica de los centros dispensadores y complican enormemente la prescripción.
«No entendemos el continuado y progresivo desmantelamiento de la ley de la dependencia«, ha apuntado Vicente Botella, presidente de UPIMIR.
