El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, ha marcado distancias respecto al supuesto conocimiento que, según el Servicio de Vigilancia Aduanera, puede tener la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, sobre irregularidades en la concesión del servicio de comedor escolar por parte del Consejo Comarcal de la Selva.
A la pregunta de EL TRIANGLE sobre si le consta al Gobierno catalán que las irregularidades publicadas los últimos días por el Diari de Girona hayan existido y si se ha hablado de ellas en la reunión de este martes del Consejo Ejecutivo, el consejero Homs ha respondido: «No, no nos consta en absoluto y, además, ni nos consta qué se publica ni hemos hablado hoy en la reunión de Gobierno, como se puede imaginar, ni creo que todo esto responda a nada que sea cierto, sinceramente».
Rigau y Puig
Según ha publicado el Diari de Girona, en la concesión del servicio de comedor escolar bajo investigación metió baza la consejera Irene Rigau, que es la segunda miembro del Gobierno, junto con el consejero Felip Puig, que figura en las escuchas telefónicas del caso Manga, una supuesta trama de corrupción en adjudicaciones públicas en las comarcas gerundenses.
Mientras Vigilancia Aduanera considera que Puig era un «conseguidor» de contratos para la empresa GRS Arc Local, en cuanto a Rigau sospecha, basándose en el contenido de conversaciones telefónicas, que podía estar al corriente de las irregularidades en la concesión de los comedores a Eurest, que opera con la marca Scolarest, a cuya medida se habría hecho la adjudicación.
La preocupación de la consejera
El asunto de los comedores, explica el mismo diario, quitaba el sueño a la consejera de Enseñanza por un doble motivo: quería evitar que se interpretara que la gestión del Consejo Comarcal encarecía el servicio y también quería evitar que el asunto saltara a un debate de política general y afectara al presidente Artur Mas.
El Departalento de Enseñanza y la consejera se han desvinculado del supuesto concurso fraudulento indicando que cuando recomendaban fragmentar en lotes la licitación era «para poder atender mejor las demandas específicas de las escuelas».
En una conversación en manos de Vigilancia Aduanera, grabada el 18 de septiembre de 2012, el presidente del Consejo, Robert Fauria (CiU), pide apoyo a la consejera para que la concesión no se fragmente en lotes, como se suele hacer, dado que «hay intereses de empresas» y Rigau señala que «no tiene que haber diversidad de proveedores» y que del concurso sólo podrán decir que «cumple con los precios y que el expediente de concesión es correcto», publica el Diari de Girona. En cualquier caso, los investigadores no ven posible sostener una imputación penal contra la consejera con los datos y las pruebas que tienen hoy por hoy.
