Rafael Blasco, que fue titular de seis consejerías de la Generalitat Valenciana y portavoz del PP en las Cortes Valencianas, ha sido condenado a ocho años de cárcel y a veinte de inhabilitación como culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. El juicio de la primera pieza del caso Cooperación había tenido lugar durante el primer trimestre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y trataba el desvío de fondos públicos concedidos, en 2008, a la cooperación para el desarrollo de Nicaragua.
Según la sentencia, la llegada de Blasco a la consejería de Solidaridad y Ciudadanía dio lugar a un cambio en la evaluación de los expedientes sobre subvenciones, tarea que pasó a manos de una evaluadora externa sin trayectoria, mientras que las ayudas se destinaron cada vez más a entidades sin demasiado historial en estos proyectos en detrimento de fundaciones con bastante bagaje.
Además de Blasco, han sido condenados los antiguos altos cargos de la Consejería de Solidaridad Marc Llinares, Alejandro Catalá, Javier Llopis y Tina Sanjuan, con penas de entre cuatro y siete años de cárcel, Josep Maria Felip, condenado a siete años de inhabilitación, y la pareja sentimental de Marcial López y secretaria de la sociedad mercantil Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos (ACIP), María Josefa Cervera, a tres años y medio de cárcel.
El presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), Marcial López, ha sido condenado a 4 años de prisión (Cyes recibió 1,8 millones de subvención para dedicarlos a Nicaragua, donde sólo recibieron el 3%). Por su parte, el empresario Augusto César Tauroni, que se benefició del trato de favor de Blasco (y que ya está en la prisión), ha recibido una pena de 8 años.
