La diseminación de las milicias rusófilas por las principales ciudades del este de Ucrania constituye un movimiento clave en la siguiente fase del juego geopolítico del momento. Fuentes de inteligencia de los EE.UU. aseguran que Rusia pretende forzar a Ucrania a federalizarse y convertirla en un estado prácticamente degradado a la condición de provincia, según publica The Washington Times. Sea cierta o no esta estrategia, en Járkov, Donetsk, Lugansk y Odesa miles de manifestantes se han pronunciado en las últimas semanas a favor de un referéndum hacia la federalización. Y el discurso de Rusia señala esta vía como la única que traerá estabilidad.
En Járkov, la segunda ciudad de Ucrania por número de habitantes (más de 1,7 millones en su área metropolitana), las protestas de miles de personas se han dirigido contra el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania y a favor de proclamar el ruso como la lengua oficial de su territorio. Los manifestantes reclaman que Naciones Unidas tome parte en la federalización de Ucrania, que quieren lograr mediante un referéndum.
Por su parte, en Donbass, la zona más oriental de Ucrania, preocupan los perjuicios económicos que el pulso geopolítico puede generar a esta zona altamente industrializada desde los tiempos de la Unión Soviética. En Donetsk, concretamente, los manifestantes han reclamado la expulsión de un gobierno que consideran ilegítimo y la creación de otro de coalición, así como convertir la lengua rusa en segunda lengua oficial.
Odesa es un puerto estratégico por donde entra un tercio de las mercancías que recibe Ucrania. En esta ciudad las proclamas y los discursos partidarios de Moscú han encendido los ánimos. Se trata de una población doblemente clave por su proximidad a Transnístria, región separatista moldava que pretende añadirse a la Federación Rusa. Además, en Odessa se habla ruso, principalmente, pero más de un 60% de los residentes en su puerto son de Ucrania.
Mientras tanto, miles de personas de Dnipropetrovsk exigían el referéndum de federalización y denunciaban «un golpe de estado nacionalista» en Kiev. Y en Lugansk uno de los temas que ha hecho salir la gente a las calles ha sido la reducción de prestaciones sociales que comportaría la aceptación del apoyo del Fondo Monetario Internacional.
Es en este contexto que se ha conocido el importe de la inyección financiera por parte del FMI. El acuerdo proveerá al Gobierno de Ucrania de hasta 19.600 millones de euros en dos años a cambio, eso sí, de la adopción de un programa basado en «medidas de estabilización económica» que genere «condiciones para un crecimiento sostenible». Es decir: recortes.
