Cuando un ciudadano ingresa por la razón que fuere en prisión se convierte automáticamente en un preso. No importa si se trata de un cualquiera o de una celebridad porque allí todas las personas son iguales. Tampoco prevalece que sea un político, un banquero, un paria o un famoso de esos que cuando permanecen en libertad salen cotidianamente por televisión. Pero al igual que en la vida -en que existe una justicia para ricos y otra para pobres- en las prisiones existen discriminaciones a favor o en contra de determinados internos. Eso es así porque, pese a que la Ley general penitenciaria mantiene que ‘la actividad de los funcionarios se ejercerá respetando la intimidad y la personalidad humana de los reclusos sin diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas o cualesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza’, en la realidad no ocurre.
Este preámbulo viene a cuento en relación con los vídeos grabados furtivamente en la prisión madrileña de Soto del Real a Luis Bárcenas en los que aparece rezando durante una misa, tomando notas en una sala, sentado en el patio de recreo y paseando con varios reclusos en una galería, imágenes de su vida íntima carcelaria que fueron difundidas por ‘La Sexta’, uno de los pocos canales televisivos críticos con el sistema y el actual Gobierno. Hasta el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, un carca recalcitrante donde los haya, ha condenado con cierta rotundidad la grabación del reportaje –no su emisión- por constituir un acto de ‘violación de la intimidad’ de un recluido y ha ordenado a Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, la incoación inmediata de un expediente de inspección con el fin de aclarar su origen. Pero lo cierto es que el preso Bárcenas está siendo discriminado. Se le practican registros a flor de piel, se impide a su esposa que en las comunicaciones lleve un bolígrafo y un bloc, se le mantiene alejado de la mayoría de los otros presos. ‘Algunas personas están convirtiendo la prisión de Bárcenas en un penal de linchamiento’, ha denunciado su abogado al juez Ruz.
La legislación penitenciaria mantiene que ‘la Administración de las prisiones velará por la vida, integridad, intimidad y salud de los presos, que no podrán ser sometidos a malos tratos de palabra y obra’. Por estas razones con rango de ley, no deben incluirse dentro del periodismo de investigación los chismorreos sobre la vida privada de personajes encarcelados del mundillo de la política o del espectáculo para, traspasando los límites de la caja tonta, introducirlos en millones de hogares de todo el mundo. Vulneran a todas luces el código deontológico de la profesión periodística que dispone entre otros principios evitar el escándalo y levantar el telón de la confianza. Porque no debe olvidarse que ante todo, la prensa, tiene el deber de proteger la intimidad, que es un derecho fundamental más de la persona, no vulnerando su privanza, no calumniando ni acusando sin pruebas, ni difamando a los personajes.
Bentham, Howard, Beccaria o Bertrand Russell pueden dormir tranquilos. Los principios de la legislación española están a salvo. La practica no tanto, porque no basta con promulgarla por ley: tiene que ser aplicada. La legislación penitenciaria, que es bastante progresista, se utiliza por funcionarios que no siempre lo son. Algunos parecen anclados en el pasado franquista. Otros, por dinero, quebrantan las normas más elementales y se convierten en traficantes de productos prohibidos o en ladrones de estampas de soledad. Estoy plenamente convencido de que nunca se sabrá quien fue el autor de este robo de la intimidad de Bárcenas. Porque a los instructores del expediente ni les interesa la conexión que sin duda existe entre su autor y ‘La Sexta’, única pista positiva de la investigación, y a los que compraron el ‘cuerpo del delito’, se ampararán siempre en su derecho a no desvelar la fuente de la información.
Se empieza así y se termina celebrando juicios paralelos con plena impunidad y con el convencimiento de que se está realizando una labor estricta y rigurosa de periodismo de investigación. Les recuerdo el primero que se realizó en este país, el que protagonizó Pepe Navarro en su espacio ‘Esta noche cruzamos el Missisipi’ con respecto al crimen de las tres desventuradas niñas de Alcasser. Les refrescaré la memoria. Según la mendaz versión de Navarro que repetía día a día en antena mientras se celebraban en la Audiencia de Valencia las sesiones del juicio, los inculpados eran inocentes. Según él y sus ‘testigos de excepción’, Fernando García, el padre de una de las niñas enajenado por el dolor, y Juan Ignacio Blanco, un presunto criminólogo embaucador y falaz, los asesinos de las tres niñas eran el productor de cine José Luis Bermúdez de Castro, el ex-presidente de telefónica Luis Solana, el ex-delegado del Gobierno de Alicante Carlos Solà y el anterior Gobernador civil de la provincia, Antonio Calve mientras que los inculpados por la Audiencia eran inocentes. Pepe Navarro fue el primer comunicador que convirtió un plató televisivo en una instancia paralela de justicia superior tan falaz como perversa. Le salió caro a él y a Blanco y García. Tuvieron que afrontar tres querellas criminales y, con respecto a Navarro, la pérdida de su puesto de trabajo en la emisora.
Los autores intelectuales de aquella falseada emisión corregían a los jueces, recriminaban su actuación, creaban recelos y sospechas sobre cuestiones indubitadas. Omitían hechos de importancia, y en su empeño de confundir a los televidentes, manipulaban la verdad y desarrollaban cuestiones irrelevantes como si se tratara de pruebas de la masacre que los jueces ocultaban a los jueces. Sus exposiciones, determinadas por prejuicios, ideas preconcebidas que desviaban la del juicio exacto de los hechos, falseaban la historia, dañaban intencionadamente a personas inocentes y desde la posición de privilegio que les otorgaba la gran audiencia televisiva de ‘Antena-3’ emitían un discurso envenenado. Olvidaron, en suma, que la libertad de prensa es un derecho constitucionalmente reconocido que pertenece al pueblo y que no tolera la intransigencia ni la falta de rigor.
Pepe Navarro conculcó, como después lo hicieron otros, en nombre de un derecho mal entendido a la libertad de expresión, principios fundamentales de la profesión de periodista como el de decir la verdad, respetar a los televidentes y no inmiscuirse en la labor de los jueces. Navarro y Blanco calumniaron, difamaron, y confundieron noticias con opiniones, ignorando que las personas son inocentes hasta que la última instancia judicial declare su culpabilidad. Solo por dar carnaza a la morbosidad del público describieron detalladamente métodos criminales, y mostraron a la audiencia fotografías escalofriantes. No comprobaron la veracidad de sus fuentes, ni confirmaron rumores y noticias, sin duda falsas, que arrojaron por la caja tonta con absoluta impunidad.
La libertad de expresión, derecho reconocido en cualquier país democrático como fundamental -la información objetiva, puntual y veraz del acontecer social- tiene que armonizarse con el derecho a la intimidad de las personas. Los periodistas deben denunciar ante la ciudadanía las manipulaciones de la realidad. También han de crear opinión crítica consecuente con el acontecer diario. El ciudadano posee el derecho constitucional de conocer la verdad a través de los medios y los periodistas el deber ineludible de informar y difundir verazmente aquella realidad. Pero cuando la libertad de expresión colisiona con el derecho al honor, el conflicto debe ser ponderado en cada supuesto por el poder judicial. El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha anunciado acciones penales contra Instituciones Penitenciarias por ‘una supuesta vulneración del derecho a la intimidad tras la grabación y difusión de un video de su cliente en prisión’. No lo ha hecho contra ‘La Sexta’ olvidando que el tema ya ha sido resuelto a su favor por el Tribunal Constitucional. Cuando la cuestión tenga enjundia suficiente para interesar a la ciudadanía debe prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho a la intimidad. Pero, como en este caso, el objeto de la infracción es intrascendente, estúpido y banal prepondera el derecho al honor frente al de información o difusión pública por televisión.
El señor Bárcenas, personalmente, no me granjea ninguna simpatía muy al contrario. Pero desde el momento que entró en la cárcel es un preso más con los mismos derechos y obligaciones que los otros. He visitado a muchos internos en la mayoría de cárceles españolas, y lo he pasado siempre francamente mal. Fue Cervantes quien dijo, ‘por la libertad de debe y puede aventurar la vida. Por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres’. Para mí, todos los presos son iguales y cada uno de ellos me merece el mayor respeto hasta el punto de defender a sangre y fuego su honra, respeto y dignidad.
