Unas horas antes de que los trabajadores de CatalunyaCaixa se manifiesten en Barcelona en contra del Expediente de Regulación de Ocupación (ERO) que afecta a un 30% de la plantilla, la Fiscalía Anticorrupción ha atiat el conflicto al pedir la imputación del expresidente, Narciso Serra, y el exdirector general, Adolf Todó, y de 52 miembros más del Consejo de Administración durante el 2010. El fiscal acusa la cúpula de la entidad, antes Caixa Catalunya, de obtener «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia».
La Fiscalía acusa a los 54 miembros del Consejo de Administración, entre los cuales hay representantes sindicales, de un delito de administración desleal por haber aprobado en enero y octubre del 2010 aumentos de sueldo e indemnizaciones a los miembros del comité de dirección «con evidente abuso del cargo, (…) en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera«.
El escrito del fiscal Fernando Maldonado asegura que estas retribuciones e indemnizaciones «tienen que ser investigadas y más cuando se han producido en un entorno de una grave crisis económica imperante en nuestro país». La situación de Caixa Catalunya era ya crítica aquel 2010, año que se fusionó con las cajas de Tarragona y Manresa y en el que tuvo que pedir 1.250 millones de euros de ayuda al FROB.
La delicada situación de la entidad, ahora nacionalizada, no ha mejorado y se espera un nuevo rescate bancario de 13.000 millones, cuyo requisito principal, según marca Bruselas, es una reducción del 30% de la plantilla. El macro-ERO de CatalaunyaCaixa afecta por tanto a unos 2.500 de los 7.200 trabajadores, que están convocados este mismo jueves a manifestarse en Barcelona para intentar minimizar el impacto del expediente.
