La mayoría de los grupos de la oposición han mostrado este jueves posterior al Pleno sobre Juventud, día de acuerdos y votaciones de las propuestas, su descontento por lo que consideran una «descortesia parlamentaria», pues CiU y ERC han trasladado el pacto de gobierno a esta materia y algunos grupos se han sentido excluidos.
De hecho, tanto socialistas como ICV-EUiA han hecho patente su malestar y se han abstenido o rechazado las propuestas convergentes y republicanas. El diputado socialista, Ferran Pedret, ha mostrado su decepción por la que ha considerado una «ocasión perdida» para llevar a cabo políticas transversales, con consenso parlamentario, en materia de juventud.
Más crítica ha sido la diputada de Ciutadans, Inés Arrimadas, en considerar que las palabras «potenciar, procurar, impulsar» que contienen la mayoría de propuestas aprobadas por convergentes y republicanos contienen poco significado y no aportan ninguna novedad. Y porque «se supone que ya forman parte de la tarea diaria del Gobierno» a la hora de trabajar para evitar el fracaso escolar y facilitar la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral.
La CUP ha anunciado que en agosto entrará en el registro de la Cámara una propuesta de reforma del reglamento porque consideran que, «más allá de la voluntad política para aprobarlas», es «prácticamente imposible» leerse el grueso de propuestas presentadas por todos los grupos en menos de 24 horas. Desde que se acabó el plazo para presentarlas hasta su aprobación no ha pasado ni un dia.
El diputado de la CUP, Quim Arrufat, ha considerado que los resultados de las transacciones entre CiU y ERC están «muy por debajo de las expectativas que podía generar un pleno de juventud» y que se habrían «de haber tenido en cuenta al resto de fuerzas».
Entre los principales acuerdos del Pleno, destaca que se dé «cumplimiento a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea a los Estados Miembros y, reforzar, con independencia de los recursos que lleguen desde Europa, un modelo catalán de Garantía Juvenil», que el Gobierno calcula en 300 millones de euros.
«Emprender programas dirigidos a chicos y chicas entre 16 y 24 años que no se han graduado en la secundaria obligatoria y que necesitan un acompañamiento específico para favorecer su transición al mundo del trabajo y la vida adulta».
Y «Firmar acuerdos con universidades y fomentar en el marco de los centros de Formación Profesional que los y las jóvenes puedan hacer practicas becadas en la Generalitat o en las empresas y entidades vinculadas, así como en la empresa privada y PYMES sin que esto vaya en detrimento del personal público de la administración ni de las plantillas de estas empresas».
