Un tercer grado sospechoso

El conseller de Justicia, Germà Gordó, defiende la aplicación del tercer grado a los expresidentes de los Ferrocarriles condenados a 54 meses de prisión por haber robado 2,7 millones de euros
Germà Gordó
Germà Gordó

Los dos expresidentes de la empresa pública Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), Enric Roig y Antonio Herce, salieron de la prisión Quatre Camins la semana pasada por la concesión del tercer grado por parte del Departamento de Justicia. Roig y Herce sólo han pasado 48 días en la prisión de una condena de 54 meses por malversar 2,7 millones de euros de las arcas públicas para crearse un fondo de pensión ilegal.

 

La aplicación de este tercer grado supone que tienen que dormir de lunes a jueves en un centro de régimen abierto que tiene la Generalitat en la prisión Modelo de Barcelona y no tendrán que quedarse en Quatre Camins. El tercer grado concedido por el Departamento de Justicia a los expresidentes de FGC es una medida que no responde al criterio general establecido por el propio departamento. Según este criterio, los condenados tendrían que haber cumplido la mitad de la pena. En el caso de Roig y Herce no es así.

 

El conseller de Justicia, Germà Gordó, ha justificado este miércoles en el Parlament de Catalunya la aplicación del tercer grado, apuntando como argumento de que son delincuentes primarios, que fueron voluntariamente a la prisión, tienen una condena corta y la voluntad, ha dicho Gordó, de volver el dinero que se llevaron. El consejero de Justicia no ha contestado porque Roig y Herce fueron a Quatre Camins acompañados del subdirector general de Prisiones, José Luis Valdivieso. Una afirmación hecha por el diputado de ICV – EUiA, Salvador Milà. 

 

Los dos condenados por malversación de fondos tampoco han cumplido lo que establece el Código Penal por la concesión de la libertad condicional, que podrían tener en un futuro, como es haber pagado por la responsabilidad civil del delito cometido. Este supuesto tampoco lo cumplen los dos exdirectivos de Ferrocarriles, que sólo han vuelto una cuarta parte del dinero que se llevaron de la empresa pública. 

 

El mes de marzo se supo que el fondo de pensiones ilegal ha supuesto unas pérdidas superiores al millón de euros al erario público, dado que el consejo de administración de la empresa decidió no reclamar dinero a los directivos que cobraron del fondo, pero que no están condenados. Sí que se llegó a un acuerdo con Enric Roig, por el cual la empresa se quedará con dos inmuebles de su propiedad. Con esto, pero, no se cubre ni la mitad del dinero malversado.

 

En el caso de Antoni Herce no hay acuerdo y la justicia pondrá su patrimonio a subasta, pero parece que sólo tendría propiedades compartidas con un valor muy bajo. Hoy por hoy, parece imposible que FGC llegue a recuperar ni la mitad de los 2,7 millones de euros malversados por los dos expresidentes de la empresa para cobrar un fondo de pensión millonario. 

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