Actualmente, la clase trabajadora en Catalunya no tiene referentes con capacidad para representarla políticamente e institucionalmente. Unos referentes que le ofrezcan el mínimo que hay que exigir: su trabajo y su dignidad. En 1978 las diferentes fuerzas socialistas llegaron a un acuerdo que cristalizó en el Congreso de Unidad Socialista, que supuso, visto en perspectiva, la degradación moral para los trabajadores de esta comunidad autónoma –la inmensa mayoría de lengua castellana– y la perpetuación de su posición subalterna. Desde entonces, los sucesivos gobiernos de la Generalitat de Catalunya no han hecho sino consolidar la hegemonía del catalanismo / nacionalismo / secesionismo desde una perspectiva esencialmente excluyente y supremacista.

Destruido el potente anarquismo, domesticado el socialismo y confundido el comunismo, la izquierda en Catalunya se plegó a la derecha oligárquica catalana –una de las más corruptas de España y Europa–, que se infiltró, en un trabajo de décadas, en todos los resortes
de poder: medios de comunicación, educación, administraciones públicas y un largo etcétera que lo alcanzaba absolutamente todo; llegando, incluso, a negar a la ciudadanía de cultura y lengua castellanas no sólo sus derechos, sino incluso su propia existencia como tal.

Ante este estado de cosas, a la gente de la izquierda sólo se nos ofrecía dos alternativas: abandonar, es decir, marchar de Catalunya; o aceptar resignadamente la situación y unirnos al enemigo de clase, por aquello de que "si no puedes con tu adversario, únete a él". Sin embargo, ante los gravísimos hechos ocurridos en Catalunya en 2017 –que podían haber llevado al enfrentamiento civil y que, finalmente, sólo sirvieron para profundizar la fractura social que se gestaba desde hacía años–, se abrió una oportunidad para que la izquierda resurgiera como tal con la presencia de destacados dirigentes históricos suyos tanto en la manifestación del 8 de octubre de aquel año como en las posteriores que se realizaron como respuesta al desafío totalitario.

Esta izquierda ni se irá de Catalunya ni se unirá al enemigo. Se tiene que organizar y ofrecer una respuesta al desafío secesionista mediante un mensaje claro que incluya las siguientes premisas innegociables: Primera, que la acción política de gobierno se tiene que
centrar en el eje social y se tiene que dirigir a conseguir el bienestar de las clases populares, asegurando trabajo para todo el mundo y la dignidad de pertenencia. Segunda: España es la nación cívica y política. Catalunya no tiene derecho a la autodeterminación, reservado según el derecho internacional a los pueblos sometidos a dominación colonial u ocupación militar. Y tercera y última: castellano, catalán y aranés son las lenguas oficiales de Catalunya, que tienen que convivir sin preferencias en el espacio público. Estas premisas innegociables no pretenden negar la realidad política y social de Catalunya, pero sí combatir a los que la nieguen en su realidad completa. Aquí no hay un solo pueblo, como tampoco existe en el resto de España. Los que se empecinen en esto, en imponer su cosmovisión, nos tendrán delante.

Sería conveniente, para hacerse una idea total de los posicionamientos de esta izquierda que toma como referente la fecha del 8 de octubre, consultar el documento "La Cataluña que queremos para el siglo XXI - Modelo propuesto para Cataluña", elaborado por la Asamblea Social de la Esquerra de Catalunya / Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña (ASEC / ASIC). Allá se pueden encontrar las ideas-fuerza de esta nueva izquierda: antes que nada, la redefinición de las premisas que han regido la política catalana desde finales del franquismo, con la voluntad de construir una sociedad más justa e inclusiva.

Entre estas, que en una sociedad bilingüe cada cual puede expresarse en la lengua que considere oportuno, y el sistema educativo tiene que tener en cuenta, al inicio del proceso escolar, tanto la lengua familiar de origen como la situación económica de la familia. O que sólo es democráticamente asumible una concepción laica o aconfesional del poder respecto a la identidad: los sentimientos de pertenencia a una comunidad son aceptables, pero sólo en cuanto que esta comunidad garantiza espacios de libertad, derechos y ampara todas las diferencias.