Esta decisión resuelve un recurso de casación planteado por la Fiscalía contra el auto con el que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares había autorizado el toque de queda y las limitaciones a las reuniones sociales aprobadas, cuando el estado de alarma dejó de estar vigente, por el gobierno balear, que preside Francina Armengol.

De este modo, el Supremo genera jurisprudencia que marca el límite a las medidas que una CCAA puede adoptar sin que se haya declarado el estado de alarma: pueden aplicar restricciones a derechos fundamentales, pero no hasta el punto de establecer un toque de queda general ni restricciones a las reuniones sociales.

El Supremo también había avalado que las CCAA, basándose en la legislación sanitaria, pueden limitar puntualmente la libertad de circulación, pero sólo si la medida es imprescindible.

En la práctica, la última decisión del Supremo tendrá un impacto poco significativo sobre la decisión del gobierno balear, que ya había anunciado que el confinamiento nocturno concluía este domingo.

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Se trata de la adjudicación del hospital de Son Espases, el más grande de las Baleares, un proyecto con un presupuesto de 778 millones de euros que finalmente OHL no obtuvo porque las sospechas pararon el proceso. Cuando se reactivó, la obra fue adjudicada a la UTE encabezada por Dragados, de ACS, el grupo que lidera Florentino Pérez.

La Fiscalía cree que Matas dio instrucciones a sus subordinados en el Ejecutivo balear para que se favoreciera a OHL. Las declaraciones de cargos del Gobierno balear del PP, como por ejemplo la ex consejera de Sanidad Aina Castillo, han sido fundamentales en la denuncia de Anticorrupción.

Castillo, colaboradora arrepentida de Matas que ha confesado ante la Fiscalía que recibía órdenes en ese sentido, es una de las otras personas querelladas, junto con el exdirector general de Salud de Baleares, Sergio Bertrán, el exgerente del PP balear, Fernando Areal, asesores y ejecutivos de OHL.

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Esta entente resultante de tres semanas de conversaciones otorga a Podemos la presidencia del Parlamento y comporta, entre otros puntos, la creación del Síndic de Greuges (Síndico de Agravios) y la rebaja de los sueldos de los cargos electos.

Biel Barceló, líder de MÉS, ha dicho que su formación entrará en el Gobierno si se respeta «el equilibrio institucional». Se prevé, así pues, un gobierno de los socialistas con MÉS que recibirá el apoyo parlamentario de Podemos, si bien esta formación, encabezada por Alberto Jarabo, tiene que consultar a sus bases si apoya a Armengol.

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Aprobado el pasado 13 de abril por el Gobierno de José Ramón Bauzá, ha recibido una fuerte oposición en los últimos meses. El profesor Jaume Sastre mantuvo una huelga de hambre durante 40 días para pedir diálogo a Bauzá y superar el conflicto en la educación balear. Su lucha se convirtió en un icono de la oposición al TIL, tumbado porque el TSJIB ha aceptado los recursos presentados por CCOO, STEI y UGT.

Los cinco magistrados del tribunal avalan las tres sentencias que anulan el decreto. Consideran que el Gobierno balear no cumplió con la obligación de pedir un informe a la Universidad de las Islas Baleares (UIB), institución de obligada consulta, según el Estatuto, en lo que se refiere a la regulación de la lengua catalana.

Las sentencias, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, consideran sin embargo insuficiente la memoria de impacto normativo con la que el Gobierno de Bauzá justificaba el decreto.

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De Palma, en concreto, ha explicado a la Fiscalía Anticorrupción que Areal cobraba comisiones en negro procedentes de empresarios a los que el gobierno balear de Matas otorgaba adjudicaciones. El cuñado de Matas está acusado, en el marco del caso Palma Arena, de haber pagado con dinero negro la campaña electoral de 2007 y será juzgado.

Por otra parte, Jaume Matas, actualmente cumpliendo una pena de prisión de nueve meses por tráfico de influencias, ha sido acusado por la Guardia Civil de mover grandes cantidades de dinero irregulares a paraísos fiscales. Según los investigadores, este capital procedía de adjudicaciones de obras públicas y es muy posible que se efectuaran operaciones mediante testaferros y entramados societarios.

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Bauzá ha declarado que Matas pertenece a «una etapa del pasado» y que no afecta «en absoluto» a la imagen de la Comunitat. El actual presidente balear ha añadido que se tiene que aplicar la Justicia en todo caso y se tienen que respetar «las decisiones judiciales». En el mismo sentido se ha manifestado Mabel Cabrer, consejera de Obras públicas con Matas durante cuatro años (2003-2007): «la Justicia es igual para todo el mundo». Cabrer ha añadido, eso sí, que «no es una escena agradable» ver a Matas ingresando en prisión.

Este ingreso, por cierto, es inminente. La abogada de Matas ha anunciado que no se intentará prorrogar su entrada en la prisión, donde el ex político cumplirá una condena de nueve meses por tráfico de influencias relacionado con el caso Palma Arena. A Matas le denegaron el indulto el 11 de julio y, el pasado viernes, la Audiencia Nacional dictó para él la orden de entrar en prisión en un plazo de cinco días.

Transparencia
El Gobierno de las Baleares, por cierto, ha inaugurado recientemente un «Portal de Transparencia«. El web www.caib.es, según la Consejería de Administraciones Públicas, tiene que servir para difundir datos sobre políticas públicas y hacer «accesible y transparente esta información».

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La petición de diálogo se extiende también entre los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Més en el Parlamento balear, e incluso la impulsa el expopular Antoni Pastor. Mediante un escrito remitido a Bauzá, han pedido que se entablen conversaciones con el sector educativo. El texto plantea que las reivindicaciones son prácticamente unánimes y expone la situación de Jaume Sastre, quien se encuentra débil y ha perdido mucha masa corporal, según Miquel Ángel Tortell, portavoz de la Assemblea de Docents de les Illes Balears.

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En diciembre, el TSJIB aprobó por tres votos contra dos la legitimidad de la demanda, una vez se habían desestimado las alegaciones de Bauzá contra la interlocutoria que la legitimaba. Los magistrados Gabriel Fiol, Pablo Delfont y Fernando Socías calificaron de «legítimo» el interés de los diputados.

La demanda presentada por la oposición contra Bauzá señala, en concreto, una incompatibilidad entre el cargo de presidente y la titularidad de una farmacia en Marratxí y la administración de dos empresas más. En un plazo de diez días, a partir de este martes, el TSJIB dictará la resolución sobre la posible incompatibilidad.

El octubre del 2012, el Consejo de Gobierno balear archivó las actuaciones previas, reservadas, que investigaban si la incompatibilidad de Bauzá se había producido. Un informe interno del Ejecutivo autonómico elaborado entonces la descartaba.

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A pesar de la contundente respuesta del sector educativo y la ciudadanía, que además de masiva fue unitaria porque participaron los sindicatos, las entidades sociales y culturales, las asociaciones de padres y madres, la Universitat de les Illes Balears y la sociedad civil, el Gobierno de Bauzá no tiene previsto cambiar de parecer. El consejero de Presidencia, Antonio Gómez, ha asegurado que los participantes «no representan el sentimiento popular» y que el Gobierno no dará «ningún paso atrás» en relación con la aplicación del trilingüisme a las escuelas.

Hijo de un mallorquín y una madrileña y estudiante de la Complutense, quiere marcar diferencia, al estilo del PP valenciano, entre la variedad balear «que hablaban nuestros abuelos» y la lengua catalana. Los ciudadanos ya celebraron una multitudinaria manifestación en 2012 para protestar contra la modificación de la Ley de función pública, que elimina el catalán como requisito imprescindible para acceder a un trabajo en la administración pública, reforma que el Tribunal Constitucional ha avalado esta semana. La medida fue rechazada incluso por compañeros de partido, como el ex alcalde de Manacor y diputado Toni Pastor, que fue expulsado del PP por romper la disciplina de voto en el Parlamento autonómico.

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Bauzá, siempre beligerante con el catalán, recibe así el aval del TC, que considera que el conocimiento del catalán tiene que ser sólo un mérito y no un requisito a exigir para quien aspire a trabajar a la administración autonómica, excepto en algunos casos contados. La sentencia del alto tribunal supone el rechazo, por ocho votos a cuatro, al recurso a la modificación de la ley que presentaron una cincuentena de senadores a iniciativa del PSOE balear.

El pleno del TC ha interpretado que la norma modificada por el Gobierno Bauzá «no significa una discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano respecto al catalán», lengua oficial en las Islas tal y como establece el Estatuto de Autonomía de la comunidad.

Hay que remarcar la celeridad con la que el TC ha dado respuesta al recurso que invalida que el catalán se exija en las oposiciones a funcionario en Baleares. Mientras que para sentencias como las del Estatuto catalán se ha tenido que esperar hasta cuatro años, para esta sólo ha habido que esperar uno, puesto que el recurso de los socialistas de las Islas se presentó en octubre del 2012.

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Una gran marea verde –el color que representa las reivindicaciones del sector educativo en las islas- ha ocupado el centro de las ciudades isleñas contra el plan del ejecutivo de José Ramón Bauzá de introducir el trilingüismo en las escuelas. Aunque la medida pudiera parecer positiva, los docentes reclaman que la medida se ha aplicado sin consenso y que relega el catalán, lengua más utilizada en las islas, a un papel marginal a favor del inglés.

Las manifestaciones en las cuatro islas principales de las Baleares –Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera– han sido masivas, así como la concentración de Plaza Sant Jaume de Barcelona, que ha quedado abarrotada de catalanes en solidaridad con los docentes de las islas.

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La convocatoria de esta huelga es unitaria, es decir, que ha sido impulsada desde sindicatos, entidades sociales, culturales, asociaciones de padres y madres, Universitat de les Illes Balears y sociedad civil. La Obra Cultural Balear (OCB ), una de las convocantes, asegura que «ante los retrocesos y agresiones contra nuestra lengua impulsados por el Gobierno Bauzá, es necesario continuar las movilizaciones populares que sirven para denunciar las agresiones, señalar a los culpables y continuar desvelando conciencias de muchos ciudadanos». Desde la OCB están convencidos de que » la manifestación del domingo será la visualización de todo esto y por lo tanto es muy importante que sea masiva».

Itinerarios por Islas (la convocatoria es a las 18 horas)

Palma. Plaza España, Avenidas, Paseo Mallorca, Jaume III Paseo de Es Born y plaza de la Reina.

Maó. IES Joan Ramis , San Esteban, J.M. Cuadrado, Ses Moreres , Costa de Sa Plaça, Portal de la Mar, plaza del Carmen, plaza Príncipe , Plaza Miranda.

Ibiza. Vara de Rey , Bartolomé Roselló, Isidoro Macabich y Parque de la Paz

San Francisco. Plaza de la Constitución, Jaime I, plaza del Rey, Berenguer Renard, Isidor Macabich y plaza Constitución.

Catalunya con las Islas
El conflicto que viven las Islas Balear no es indiferente a los ciudadanos de Catalunya. Desde el inicio de la huelga indefinida, el pasado 16 de septiembre, las muestras de apoyo no se han dejado de suceder . Algunas caras conocidas, como el ex futbolista del Barça, Oleguer Presas o partidos políticos como las CUP, que no tienen representación en las Islas, han aportado su apoyo con aportaciones económicas en la caja de resistencia de la Asamblea de Docentes, que ya cuenta con 200.000 euros.

Barcelona también se suma a la manifestación del domingo y el punto de encuentro será la plaza Sant Jaume de Barcelona. Algunas poblaciones como Mataró, ya mostraron la semana pasada su solidaridad con los docentes isleños, donde 150 personas se reunieron para expresar su malestar por lo que está sucediendo en las Islas.

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Estas tres organizaciones, después de consultar sus asesores jurídicos, han recibido un informe que los confirma que las actuaciones que está realizando el Gobierno del Partido Popular en las Islas son «claramente constitutivas de delito». La ley de símbolos, el Decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL), la suspensión de empleo y sueldo a tres directores de instituto, la ley de convivencia o las detenciones a jóvenes que sólo ejercían su derecho a huelga, son algunas de las iniciativas del Govern que estas tres organizaciones llevarán al Tribunal de Estrasburgo.

En el ámbito educativo, el Ejecutivo de Bauzá deberá enfrentarse a la acusación de «denegación discriminatoria de una prestación de carácter público, como es el derecho a recibir la enseñanza en lengua catalana, delito previsto y tipificado en los artículos 511 y 512 del Código Penal«.

La acusación de prevaricación también será una de las denuncias tal y como está previsto y tipificado en los artículos 404 y 409 del Código Penal, «por dictado de un nuevo texto normativo el día 6 de septiembre a fin de implantar el Decreto de lenguas, se aprobó una nueva normativa que no reúne los requisitos para ello como es el de urgencia».

También hay lugar para la acusación de la malversación de fondos públicos por dinero público que se está empleando «en las campañas de autopublicidad que el Gobierno está llevando a cabo estos días en prensa en pro del Decreto de lenguas».

Entre los derechos que habría violado el Ejecutivo de Bauzá está el de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el de libertad de expresión, el de prohibición de discriminación, todos ellos consagrados en el Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales.

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Este martes, el Parlamento balear ha validado la aplicación del Decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL), con 34 votos a favor de los diputados populares y 24 en contra, los diputados del PSIB, MÉS y una diputada no adscrita. La validación del Decreto llega en medio de la segunda semana de huelga indefinida del profesorado y con la presencia de 4.000 personas protestando en contra del TIL a las puertas de la Cámara, durante la votación.

Con el nuevo Decreto, la posibilidad de una enseñanza con el método pedegagògic de la inmersión lingüística queda totalmente abolida en las aulas baleares. A partir de ahora, las horas de enseñanza en catalán quedan reducidas por la introducción de más clases impartidas en castellano y en inglés.

Recurso al Tribunal Constitucional por TIL
La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha anunciado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el TIL, que según ha criticado, fue aprobado este martes en el Parlamento de forma «infame» con los votos del PP.

Armengol ha explicado que este recurso se realizará a través de 50 senadores socialistas, al considerar que se vulneran «de forma flagrante» varios artículos de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

La líder socialista ha señalado que la decisión de acudir a la vía judicial cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, según ha dicho, les ha dado el «reconocimiento absoluto» para presentar el recurso y se ha mostrado «preocupado» por la situación que se vive en Baleares en las últimas semanas con motivo de la huelga indefinida.

«Es más que evidente que con este decreto ley el Gobierno balear incurre claramente en indicios de inconstitucionalidad que no podemos consentir», ha apuntado Armengol, quién ha acusado al Ejecutivo autonómico «de poner en Baleares en un momento de emergencia social absoluta».

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Según los datos enviados por los secretarios y los directores de los centros siguiendo las instrucciones de la Consejería, ya de por islas, en la educación pública, en Mallorca, de 8.309 docentes ha hecho huelga el 10,4% (868) en Menorca, de 1.206; el 1,5%, que suman 18, a Ibiza, de 1.567, el 27% (423) en huelga, en Formentera de 112, el 56,3% (63) profesores en huelga.

El baile de cifras entre Gobierno y sindicatos continúa a pesar de ser el sexto día de huelga, si bien como ejemplo, el IES Marratxí ha informado que a primera hora de la mañana, el seguimiento de la huelga entre el profesorado a del 88,6%. A segunda hora del 82,7% y a tercera del 81%. Respecto al alumnado ha sido del 45,8%. Después del primer recreo el porcentaje ha sido del 80% y con el turno de tarde ha quedado en un 79,4%.

Continúan las protestas
Este martes los huelguistas se concentrarán en media mañana a las puertas del Parlamento balear donde se aprobará la modificación del polémico Decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL), uno de los principales motivos para que los docentes no han querido empezar las clases con normalidad. Ya el pasado martes 2.000 personas se concentraron a las puertas de la Cámara en señal de protesta, esta semana, repiten.

No obstante la gran manifestación en contra de la política educativa del PP de José Ramón Bauzá será el próximo domingo a partir de las 18 horas de forma simultánea en todas las Islas, el lema «Contra la imposición defendamos la educación». La protesta más masiva se espera que sea la de Palma que partirá de plaza España y tras recorrer todas las Avenidas finalizará en la plaza de la Reina donde se leerá un manifiesto.

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Lunes, más de 4.000 personas se manifestaron ante el Consulado de Mar; martes, tuvo que aguantar protestas durante el pleno del Parlamento; jueves, decidió suspender su asistencia al inicio de curso de la Universitat de les Illes Balears y la tradicional vuelta por el centro de Palma con motivo de la Noche del Arte. Tampoco asistieron a este importante acontecimiento cultural ni la consejera de Educación y Cultura, Joana Maria Camps, ni el secretario autonómico de Educación y Cultura, Guillem Estarellas.

Durante toda la semana el seguimiento de la huelga ha sido, según los sindicatos y las asociaciones de directores, del 90% al 56%, dependiendo del día. En cambio las cifras de la Consejería han ido del 22% al 14%.

La Conselleria de Educación ha aguantado estoicamente los dos primeros días de huelga, si bien ya durante la tercera jornada se vieron obligados a hacer un llamamiento a los padres para que llevaran a los niños a la escuela. No sólo los profesores se muestran contrarios a la aplicación del Decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL) y a los recortes de recursos de la escuela pública, sino que muchos padres ven legítimos los motivos de huelga de los docentes y por eso han decidido no llevar los hijos a la escuela.

Ya ayer, la consejera Camps, se vio obligada a mandar una carta a todos los docentes «para informar sobre el inicio de curso y sobre la implantación del tratamiento integrado de lenguas (TIL)» y enviar «un mensaje de tranquilidad a todos los profesores de centros públicos y concertados de las Islas, asegurando que no habrá cambios en sus condiciones laborales debido a la puesta en marcha del Decreto de lenguas».

Paralelamente a las protestas, la Asamblea de Docentes de las Islas Baleares y los sindicatos, han puesto en marcha diferentes cajas de resistencia para una huelga que se prevé larga e intensa. Por ahora, la caja de resistencia de la Asamblea de Docentes ya lleva 60.000 euros recaudados.

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Según los sindicatos convocantes (STEI-i, FECCOO, UGT y Anpe ) la parada durante la primera jornada ha sido secundada por 4.524 de los 7.293 profesores de las Islas que podían hacer huelga, mientras que los servicios mínimos estuvieron conformados por 2.320 docentes . De esta manera, los sindicatos han recordado que sólo podían hacer huelga 4.973 profesores, de los cuales 4.524 lo han secundado.

En porcentajes, esto supone que el 91,13% (3.050) de docentes en Mallorca hizo huelga; el 91,6 % en Menorca (643), el 89,46% en Ibiza (764) y el 95,71% en Formentera (67). Por niveles, fue apoyada por 93,6% en los centros de Infantil y Primaria, porcentaje que se sitúa en el 89,14% en los Institutos de Educación Secundaria y el 52,38% en otros enseñanzas. En la concertada, el seguimiento fue del 37% en Mallorca, del 36% en Menorca y del 13 % en Ibiza.

La Consejería de Educación, por su parte, tuvo en cuenta a todos los docentes por igual y cifró la participación global en un 22,2%, al afirmar que los 15.215 docentes registrados hicieron huelga 3.379, una media que en el caso de la enseñanza pública alcanzó el 27,1% (3.034 personas) y en la concertada sólo el 8,6 % (345).

Los motivos de la huelga

El profesorado de Baleares lleva dos años sufriendo recortes en sus condiciones laborales, a lo que hay que añadir una fuerte represión hacia este colectivo por parte del actual Gobierno del PP. Sólo el curso pasado el profesorado ya convocó tres huelgas para reclamar al Ejecutivo Bauzá un cambio en su política educativa, si bien los populares aún tienen radicalizado más su postura. Esto se ha materializado en la creación de una ley de símbolos que pretende evitar el uso de lazos cuadribarrados en las fachadas de los centros y con la llegada a las aulas este curso, del Decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL). Este controvertido Decreto supone, con la excusa de la introducción del trilingüismo, que quede anulada la posibilidad de que haya inmersión en las escuelas.

Ola de solidaridad

Para poder afrontar el paro la Asamblea de Docents de les Illes Balears ha abierto una caja de resistencia que ya lleva 10.000 euros recaudados. Este dinero servirá para ayudar a los huelguistas que tengan más cargas económicas y para afrontar posibles sanciones. La ola de solidaridad económica hacia los docentes del archipiélago ha llegado de los Países Catalanes y hasta las CUP o el exjudador del FC Barcelona, Oleguer Presas, han hecho su aportación .

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El borrador del decreto que prepara el Govern del popular José Ramón Bauzá pretende controlar al milímetro todos los libros que lleguen a manso de los estudiantes isleños. En el preámbulo del decreto se asegura que «se considera necesario crear un registro como una herramienta para ofrecer a los centros docentes no universitarios un índice del material que se ajuste a la realidad natural, social, cultural y lingüística de las Islas Baleares y a sus currículums vigentes de entre el que escoger el que más se adecúe a su proyecto, dentro del respeto a la autonomía pedagógica de los centros».

Al tema lingüístico también se dedica un artículo, el 5, donde se dice que los materiales tendrán que respetar «las modalidades insulares del catalán, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, de acuerdo con lo que establece el artículo 35 del Estatuto de autonomía». Además, «se tendrán que adecuar a la realidad natural, social y cultural de las Islas Baleares e incluir referencias y actividades relacionadas».

Además, al artículo 9.3 asegura que «no podrán ser inscritos en el registro aquellos libros de texto y material didáctico complementario que vengan a sustituir a otros ya inscritos y que no ofrezcan diferencias significativas». Con este artículo se asegura que sólo tendrán cabida en el registro los materiales que a ellos más les interesen y podrán alegar que el resto no hace falta que entren porque «no ofrecen diferencias significativas» con los que ya están registrados.

Ya en el artículo 12 se alerta que una vez inscritos en el registro los materiales, si se tienen «indicios de no adaptación», la Dirección general de Ordenación, Innovación y Formación Profesional, solicitará informes al Institut de Estudis Baleàrics y a Inspección educativa y se darán de baja del registro.

Un decreto sin precedentes en el Estado
El decreto que prepara el Gobierno balear no tiene precedentes en la democracia española. La única comunidad que dispone de un registro de libros es la de Andalucía, que lo hace para poder tener un control de los libros que se distribuyen de forma gratuita a la comunidad educativa.

Profesores y editores ya han alertado que el nuevo decreto presenta muchos aspectos ilegales que el Govern tendrá que corregir si quiere salir adelante este registro. El borrador en estos momentos se encuentra en el Consejo Escolar de las Islas Baleares que hasta el 21 de septiembre tiene tiempo para presentar sus alegaciones al texto.

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El Decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL) entra hoy en las aulas baleares para acabar con la inmersión lingüística. Hasta ahora, los centros que lo querían, podían adoptar la inmersión como método pedagógico y gracias al Decreto de mínimos (1997) quedaba garantizado que al menos un 50% de la enseñanza se impartiría en catalán.

Desde hoy 36.000 alumnos de 1 º curso de segundo ciclo de Infantil, 1 º, 3 º y 5 º de Primaria y 1 º de ESO deberán cursar las asignaturas según la distribución lingüística que establece el TIL. El Decreto marca que en Infantil los padres serán quienes elegirán la lengua de enseñanza temprana. En Primaria, de las 25 horas semanales, cinco deberán ser como mínimo en catalán, cinco en castellano y cinco en inglés. Esto significa, a la práctica, que se deja un margen limitado a los centros para elegir qué asignaturas se imparten en cada lengua. En Secundaria, se obliga a hacer como mínimo en cada una de las lenguas oficiales Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza o Ciencias Sociales.

La intención del Gobierno es que el proceso de implantación termine el curso 2017-18 y que pueda llegar a los 160.000 alumnos matriculados en los estudios de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCP)

Un Decreto impuesto

El Decreto de lenguas llega a las aulas impuesto por el Gobierno Bauzá. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) suspendió la setmanan pasada la aplicación del TIL pero el Gobierno reaccionó rápidamente aprobando una nueva versión del Decreto donde no aparece el calendario de aplicación que el TSJIB había suspendido cautelarmente.

Durante el proceso de redacción y tramitación del Decreto, la Consejería de Educación no ha escuchado ninguna de las aportaciones del sector y ha aprobado un redactado a su medida para acabar con la posibilidad de que los centros hagan inmersión lingüística en lengua propia.

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Pasadas las 20 horas, 3.000 personas se han enlazado en la capital balear en torno a un mapa de los Países Catalanes formado por velas. A este tramo de la Vía Catalana que pasa por Palma le corresponde el número 779.

Durante el acto, la escritora Antonia Serrano, ha leído un manifiesto reclamando también la independencia de las Islas. «Entendemos que este proceso (de independencia) sólo será completo cuando, en la nueva realidad que se está construyendo, nos podamos reencontrar, de la manera que democráticamente decidimos los ciudadanos, todos los compatriotas de los Países Catalanes, de Salses a Guardamar y de Fraga a Maó«, clamó.

Además, «desde Mallorca observamos este proceso llenos de ilusión y de esperanza por lo que supondrá, para el conjunto de la nación, que en un futuro no muy lejano el Principado constituya un estado independiente y plenamente soberano en el concierto de estados de Europa y del mundo».

Actos en todas las Islas
En Maó este martes a las 16.30 horas también se ha hecho una cadena humana que ha ido del Mercat del Peix al al parque Rotxina (ruta de Ses Voltes) donde han participado unas 400 personas. En Formentera, ya el pasado 26 de agosto se realizó una cadena humana en el Cap de Barberia. Y este domingo en Ibiza 300 personas ya se enlazaron alrededor del monumento a Guillem de Montgrí, situado en el mirador del Ayuntamiento de Vila.

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Uno de los acontecimientos más importantes en el archipiélago será el que se celebrará a las 20 horas en la plaza Mayor de Palma. Se hará una cadena que enlazará toda la plaza Mayor y justo en el centro se situará un gran mapa de los Países Catalanes. A la cadena palmesana le corresponde el tramo número 779.

Los organizadores también tienen previsto leer un manifiesto en el que consideran que la Vía Catalana representa «un proceso cívico y democrático que abre un proceso de concienciación en el que Mallorca no queda ausente».

En Maó se hará una cadena humana que irá del Mercat del Peix en el parque Rotxina (ruta de Ses Voltes ) y será a las 16.30 horas. En Formentera, ya el pasado 26 de agosto se realizó una cadena humana Cap de Barberia. Y este domingo en Ibiza ya ‘se ha hecho vía’ en el monumento a Guillem de Montgrí, situado en el mirador del Ayuntamiento de Vila.

Aparte de los actos convocados en las Islas, una delegación balear se desplazará miércoles hasta el Principado para participar de la cadena en la zona de las Terres de l’Ebre.

La Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans presente en la Diada

El Cor Jove dels Països Catalans (CJPC) y la Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC), participarán este miércoles , en uno de los actos organizados por la Asamblea Nacional Catalana en la plaza Catalunya de Barcelona con motivo de la Vía Catalana.

La formación instrumental, nacida en Mallorca en 2004 está integrada por jóvenes músicos procedentes de diversos territorios de habla catalana. En esta ocasión, la plantilla constará de una cuarentena de músicos, cuatro de los cuales vendrán expresamente de Alguer y uno de la Catalunya Norte, que actuarán junto a los miembros del Cor Jove dels Països Catalans (CJPC), nacido hace cuatro años al abrigo de la orquesta para completar el objetivo inicial del proyecto , y el Coro Joven del Orfeó Catalán.

El concierto comenzará a las 17.15 horas con la interpretación de El cant dels ocells de Pau Casals, apenas un minuto después del repique de campanas que marcará el inicio oficial de la cadena humana, continuará con la interpretación de un fragmento de la el último movimiento de la Novena sinfonía de Beethovn – » el Himno a la alegría » -, el cant de la Senyera y, finalmente a las 17.55 horas, para cerrar el acto después del parlamento de Carme Forcadell, Els Segadors, en una versión orquestada por Salvador Brotons, director titular de la formación desde sus inicios.

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El juzgado de Palma de Mallorca que instruye el caso ya había remitido al TSJPV una exposición razonada sobre los indicios que pesan sobre Camps y Barberà, respecto a las negociaciones previas a la firma de los convenios para la celebración de Valencia Summit y los Juegos Europeos, que nunca se llegaron a disputar. Por estos contratos, Nóos percibió alrededor de tres millones de euros procedentes de las arcas públicas.

El juez José Castro que instruye el caso considera que Camps y Barberà habrían incurrido en malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias, delitos que también les atribuye la oposición socialista personada como acusación particular.

El antiguo socio de Urdangarín en Nóos, Diego Torres, ya declaró ante el juez Castro que los dos se reunieron con Camps y Barberà en 2004 en el Palacio de la Zarzuela para negociar la celebración de estos foros deportivos.

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