Actualmente, cada centro puede decidir libremente qué materiales educativos quiere utilizar y la única intervención de la Administración en esta área se da por parte de Inspección educativa que los supervisa de forma ordinaria. El profesorado tiene libertad de cátedra y con esta autonomía de elección de los materiales se garantiza en parte, este derecho que tienen los docentes.
El borrador del decreto que prepara el Govern del popular José Ramón Bauzá pretende controlar al milímetro todos los libros que lleguen a manso de los estudiantes isleños. En el preámbulo del decreto se asegura que «se considera necesario crear un registro como una herramienta para ofrecer a los centros docentes no universitarios un índice del material que se ajuste a la realidad natural, social, cultural y lingüística de las Islas Baleares y a sus currículums vigentes de entre el que escoger el que más se adecúe a su proyecto, dentro del respeto a la autonomía pedagógica de los centros».
Al tema lingüístico también se dedica un artículo, el 5, donde se dice que los materiales tendrán que respetar «las modalidades insulares del catalán, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, de acuerdo con lo que establece el artículo 35 del Estatuto de autonomía». Además, «se tendrán que adecuar a la realidad natural, social y cultural de las Islas Baleares e incluir referencias y actividades relacionadas».
Además, al artículo 9.3 asegura que «no podrán ser inscritos en el registro aquellos libros de texto y material didáctico complementario que vengan a sustituir a otros ya inscritos y que no ofrezcan diferencias significativas». Con este artículo se asegura que sólo tendrán cabida en el registro los materiales que a ellos más les interesen y podrán alegar que el resto no hace falta que entren porque «no ofrecen diferencias significativas» con los que ya están registrados.
Ya en el artículo 12 se alerta que una vez inscritos en el registro los materiales, si se tienen «indicios de no adaptación», la Dirección general de Ordenación, Innovación y Formación Profesional, solicitará informes al Institut de Estudis Baleàrics y a Inspección educativa y se darán de baja del registro.
Un decreto sin precedentes en el Estado
El decreto que prepara el Gobierno balear no tiene precedentes en la democracia española. La única comunidad que dispone de un registro de libros es la de Andalucía, que lo hace para poder tener un control de los libros que se distribuyen de forma gratuita a la comunidad educativa.
Profesores y editores ya han alertado que el nuevo decreto presenta muchos aspectos ilegales que el Govern tendrá que corregir si quiere salir adelante este registro. El borrador en estos momentos se encuentra en el Consejo Escolar de las Islas Baleares que hasta el 21 de septiembre tiene tiempo para presentar sus alegaciones al texto.
