En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, ha dejado claro que sería «un error desde el punto de vista institucional» que la Generalitat emitiera una queja formal sobre la política educativa de Bauzá. «No compartimos lo que hace Baleares», ha destacado Homs, que ha dicho que, aunque sea una decisión que el Gobierno catalán no le gusta, debe ser respetuoso con el Ejecutivo balear, por lo que no puede actuar políticamente.
Este martes, el Parlamento balear ha validado la aplicación del Decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL), con 34 votos a favor de los diputados populares y 24 en contra, los diputados del PSIB, MÉS y una diputada no adscrita. La validación del Decreto llega en medio de la segunda semana de huelga indefinida del profesorado y con la presencia de 4.000 personas protestando en contra del TIL a las puertas de la Cámara, durante la votación.
Con el nuevo Decreto, la posibilidad de una enseñanza con el método pedegagògic de la inmersión lingüística queda totalmente abolida en las aulas baleares. A partir de ahora, las horas de enseñanza en catalán quedan reducidas por la introducción de más clases impartidas en castellano y en inglés.
Recurso al Tribunal Constitucional por TIL
La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha anunciado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el TIL, que según ha criticado, fue aprobado este martes en el Parlamento de forma «infame» con los votos del PP.
Armengol ha explicado que este recurso se realizará a través de 50 senadores socialistas, al considerar que se vulneran «de forma flagrante» varios artículos de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
La líder socialista ha señalado que la decisión de acudir a la vía judicial cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, según ha dicho, les ha dado el «reconocimiento absoluto» para presentar el recurso y se ha mostrado «preocupado» por la situación que se vive en Baleares en las últimas semanas con motivo de la huelga indefinida.
«Es más que evidente que con este decreto ley el Gobierno balear incurre claramente en indicios de inconstitucionalidad que no podemos consentir», ha apuntado Armengol, quién ha acusado al Ejecutivo autonómico «de poner en Baleares en un momento de emergencia social absoluta».
