Los ataques lingüísticos y culturales de Bauzá se juzgarán en el Tribunal de Estrasburgo

Tres organizaciones de las Baleares llevarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo las iniciativas de Bauzá
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Los ataques lingüísticos y culturales de José Ramón Bauzá a la lengua y a la cultura catalanas serán juzgados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Derechos Humanos de Mallorca, la Assemblea de Mestres i Professors en Català-Illes Balears y el sindicato STEI-i, presentarán la próxima semana ante esta institución una denuncia penal.

 

Estas tres organizaciones, después de consultar sus asesores jurídicos, han recibido un informe que los confirma que las actuaciones que está realizando el Gobierno del Partido Popular en las Islas son «claramente constitutivas de delito». La ley de símbolos, el Decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL), la suspensión de empleo y sueldo a tres directores de instituto, la ley de convivencia o las detenciones a jóvenes que sólo ejercían su derecho a huelga, son algunas de las iniciativas del Govern que estas tres organizaciones llevarán al Tribunal de Estrasburgo.

 

En el ámbito educativo, el Ejecutivo de Bauzá deberá enfrentarse a la acusación de «denegación discriminatoria de una prestación de carácter público, como es el derecho a recibir la enseñanza en lengua catalana, delito previsto y tipificado en los artículos 511 y 512 del Código Penal«.

 

La acusación de prevaricación también será una de las denuncias tal y como está previsto y tipificado en los artículos 404 y 409 del Código Penal, «por dictado de un nuevo texto normativo el día 6 de septiembre a fin de implantar el Decreto de lenguas, se aprobó una nueva normativa que no reúne los requisitos para ello como es el de urgencia».

 

También hay lugar para la acusación de la malversación de fondos públicos por dinero público que se está empleando «en las campañas de autopublicidad que el Gobierno está llevando a cabo estos días en prensa en pro del Decreto de lenguas».

 

Entre los derechos que habría violado el Ejecutivo de Bauzá está el de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el de libertad de expresión, el de prohibición de discriminación, todos ellos consagrados en el Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales.

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