La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Eduardo de Porres, que investiga las presuntas adjudicaciones irregulares que habría autorizado Borràs cuando esta dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). A Borràs se le acusa de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.
La diputada postconvergente ha asegurado en una comparecencia de prensa que no declarará hasta que no haya prueba pericial practicada: "Cuando esta prueba pericial exista, vendremos a dar todas las explicaciones". La exconsejera de Cultura ha señalado que "los estados de derecho se tendrían que fundamentar en el derecho y, por lo tanto, al establecer pruebas", y ha afirmado que "colaboraré siempre con la justicia pero no colaboraré nunca con la injusticia".
La citación judicial se produce después de que el Congreso de los Diputados avalara hace casi un mes el suplicatorio contra la exconsejera de Cultura con los únicos votos en contra de JxCat y del PNB, y con la ausencia de ERC y la CUP en la votación.
El magistrado De Porres cree que hay "sólidos indicios" que la portavoz postconvergente adjudicó "directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos al informático y amigo suyo, Isaías Herrero, cuando dirigía la institución cultural. Las irregularidades que investiga este juez aparecen en 18 contratos por un valor cercano a los 260.000 euros.
